(foto E. Pèrez)

En América Latina

Un estudio realizado por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), indicó que casi el 63 por ciento de los niños, niñas y adolescentes de la región sufre algún tipo de pobreza, que afectan el ejercicio de sus derechos y nivel de ingresos de sus familias.

En el artículo del Boletín Desafíos Nº 10, La pobreza infantil: un desafío prioritario, Ernesto Espíndola y María Nieves Rico, de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, postulan que la medición de la pobreza implica considerar pobre a un niño ante el incumplimiento de al menos uno de sus derechos humanos, económicos, sociales y culturales.

“La pobreza infantil total es una expresión de la exclusión social y el mecanismo por medio del cual esta se reproduce. Si bien los niños que están en situación de pobreza moderada no sufren un deterioro serio en sus condiciones de vida, ven mermadas sus oportunidades futuras. La mala nutrición, el rezago y el abandono escolar, la falta de expectativas y la discriminación que sufren por ser pobres, no sólo afectan sus derechos en el presente, sino que los dejarán en los estratos más bajos de la escala social, haciendo que en la adultez reproduzcan la precariedad en su bienestar y, por tanto, afecten a las generaciones siguientes”, afirman Espíndola y Rico.

La pobreza tiene muchas dimensiones y la respuesta del Estado para aminorarla también debe ser multisectorial.

Las privaciones severas y moderadas de la población infantil pueden ser subsanadas con una intervención estatal directa para, entre otras cosas, garantizar la provisión de servicios de salud y nutrición, acceso a agua potable y saneamiento, y a través de medidas indirectas mediante el aumento de los ingresos del hogar, sugiere el estudio.

También piden acciones afirmativas adicionales dirigidas a los niños y adolescentes pobres que pertenecen a grupos sociales particularmente susceptibles a sufrir privaciones, como aquellos de origen indígena o de zonas rurales.

El estudio, que será publicado en estos días, tomó en cuenta factores como la nutrición, acceso a agua potable, conexión a servicios de saneamiento, material de vivienda y número de personas por habitación, asistencia a la escuela y años de escolaridad y tenencia de radio, televisión o teléfono y acceso a electricidad, cuya privación contribuye a un cuadro de pobreza y exclusión social.

Además, consideró el nivel de ingresos de sus hogares y la capacidad potencial de que estos recursos puedan satisfacer sus necesidades básicas.