Roberto Rivas, presidente del Poder Electoral. (foto Archivo)

Poder Electoral es el más criticado

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló al Gobierno de Nicaragua de mantener un “secretismo y discriminación” en contra de los medios de comunicación independientes, obstaculizando la libertad de expresión y prensa.

Durante su reunión semestral en Aruba, la SIP consideró que “se ha incrementado y extendido en el Gobierno y el Estado (de Nicaragua) la política de secretismo y discriminación absoluta a los medios independientes, a cuyos periodistas no se les invita a conferencias de prensa y otras actividades, o cuando se les invita no se les permite ingresar a los centros gubernamentales”.
En un comunicado, la SIP centró sus críticas sobre el Poder Electoral, el cual es presidido por el magistrado Roberto Rivas. La organización también cuestionó al Ministerio de Salud, Procuraduría General de la República, Poder Judicial y Poder Ejecutivo.

“La censura que impone el Gobierno y otros poderes del Estado en contra de los derechos a la libertad de información, expresión y prensa, se extendió los días 9 y 10 de marzo, con el bloqueo a la cobertura de la presentación de los resultados preliminares de las elecciones regionales, hasta una conferencia sobre la primera jornada de vacunación contra la influenza humana en el país”, detalló el comunicado de prensa.

En cuanto a una investigación periodística que reveló que supuestamente el Poder Electoral extiende cédulas de identidad a menores de edad que se prostituyen, la SIP se mostró “indignada”.

“Cuando el diario publicó la investigación sobre este tráfico de identidad con fines delictivos, el Consejo Electoral en vez de investigar y castigar a los funcionarios, acusó a la joven de falso testimonio”, añadió el comunicado oficial.

El Nuevo Diario hizo una investigación sobre cédulas de identidad y encontró que en casas de citas, adolescentes y menores de edad son prostituidas, con cédulas adulteradas.

En la indagación, el periodista Carlos Larios contó con la ayuda de una de sus sobrinas, quien diciendo que era menor de edad acompañó a una proxeneta hasta las oficinas del Consejo Electoral. Según el reportaje, la menor obtuvo la cédula mediante el pago de una pequeña suma de dinero.

El Poder Electoral acusó a la joven, ante los tribunales, por ofrecer falso testimonio. El caso sigue abierto.