La comunidad hispana amenaza con echarse a la calle si la ley de Arizona no es derogada

La inmigración ilegal en Arizona será un delito. Tras la firma de una nueva Ley de Inmigración en el estado norteamericano, cualquier indocumentado podrá ser arrestado y encarcelado. Los responsables de la promulgación de dicha ley defienden la medida porque, en palabras de Jane Brewer, gobernadora de Arizona, “fortalece la legislación y protege a todos”. La criminalización de la inmigración irregular puede extenderse a los estados vecinos y crear una nueva ola de xenofobia en Norteamérica.

Antes de esta reforma, los inmigrantes eran deportados o recluidos temporalmente en centros acondicionados para indocumentados. Si sale adelante, la ley SB 1070 de Arizona obligará a la policía local ha detener a cualquier sospechoso de ser inmigrante indocumentado. Cualquier “sospecha razonable” hacia un ciudadano extranjero será un motivo para su encarcelación. La ley no señala qué se considera una sospecha razonable. La nueva ley allana el camino hacia la discriminación racial y crea una analogía con la situación de los negros estadounidenses a principios del siglo pasado. La ambigüedad de esta nueva norma deja a los inmigrantes hispanos de la región indefensos ante las autoridades policiales y judiciales.

Los republicanos califican como esencial la aprobación de la nueva legislación migratoria ante el aumento delictivo de Arizona, clave para el tráfico de drogas procedente de México. El partido republicano del Estado, liderado por la gobernadora Brewer , considera la nueva ley como “un arma más para atajar un problema que el Gobierno federal se ha negado a resolver”. Ante esta acusación hacia el gobierno de Washington, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, criticó la firma de la ley. Obama apuntó que el nuevo precepto “amenaza con socavar la confianza entre la policía y las comunidades, algo crucial para la seguridad ciudadana”. El enfrentamiento entre los republicanos de Arizona y el presidente puede recrudecerse si el Departamento de Justicia determina que el proyecto viola los derechos civiles.

Los hispanos de Estados Unidos y el partido demócrata han hecho público su descontento con la aprobación de la ley. La población hispana en este país supera los 42 millones de habitantes y representa la minoría más representada en Norteamérica. Cada año aumenta su población y el español se ha convertido en el idioma predominante en estados como California y Florida. Además, los inmigrantes indocumentados de origen latinoamericano en Estados Unidos suman un total de 10 millones, muchos de ellos utilizadas como mano de obra barata en el campo estadounidense.

La comunidad hispana amenaza con echarse a la calle si la ley no es derogada. No sería la primera vez. En 2006, cientos de miles de personas se manifestaron por todo el territorio estadounidense contra el deseo de George W. Bush de reformar las leyes de inmigración federales. El movimiento ciudadano, en esa ocasión, fue clave para que la reforma cayera en el Congreso. En la actualidad, la nueva ley supone un impulso para la lucha de la población hispanohablante. “Lo que hizo Arizona es que impulsó, unificó, fortificó nuestro movimiento inmigratorio”, afirmó el político demócrata Luis Gutiérrez.

La decisión de Brewer y su partido no sólo ha tenido repercusión interna. El gobierno de México, país fronterizo en el sur de Arizona, se planteará la relación diplomática que mantiene con Arizona. La tensión entre el país centroamericano y el estado en materia de inmigración siempre ha existido. El vecino del norte es un punto estratégico para el paso de inmigrantes irregulares mexicanos desde que se construyera un muro en California hace dos décadas. La canciller mexicana lamentó que no se tenga en cuenta la “valiosa aportación” de los inmigrantes en el sudeste de Estados Unidos. Además, Guatemala busca apoyos en Latinoamérica para presionar al gobierno estadounidense contra la firma de la Ley Antiinmigrantes.

La nueva ley puede suponer un peligroso estímulo para los radicales xenófobos, muy mediatizados y apoyados por cadenas como Fox News. No hay que olvidar que, aunque es evidente la violación de los derechos civiles y humanos, más del 60% de la población de Arizona está a favor de su aprobación. El problema de la inmigración irregular es grave, pero difícilmente se solucionará en las cárceles de Norteamérica.

(*) Periodista/ ccs@solidarios.org.es