Por “retraso” en leyes

La reunión prevista entre representantes nicaragüense con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el mes de mayo, se suspendió, por “retrasos” en dos leyes y dudas sobre un bono salarial para trabajadores del Estado.

"La decisión que se tomó con el FMI de no ir al directorio es porque hay dos temas en que nos hemos retrasado", dijo el asesor económico de la Presidencia, Bayardo Arce.

Para esta semana (5 de mayo) se tenía prevista la reunión con directorio de ese organismo, en la cual se efectuaría una cuarta revisión, para que Nicaragua consiguiera nuevos fondos de un programa económico.

Arce afirmó que las normativas que solicita el FMI son: una que permitirá a miles de productores en mora renegociar sus deudas con las instituciones financieras, y la otra para la aprobación de una ley de tarjeta de crédito.

La salida del Gobierno

El FMI quiere conocer cómo se administrará la ley que renegociará las deudas de los productores con las instituciones financieras, porque la misma nunca fue vetada, ni promulgada, ni reglamentada por el presidente Daniel Ortega.

Ante esta situación, Arce, aseguró que la “salida” es crear una normativa de la Superintendencia de Bancos.

"La salida que encontramos con la Asociación de Microfinancieras de Nicaragua y la Asociación de Bancos Privados es (crear) una normativa de la Superintendencia de Bancos que será publicada próximamente", dijo sin brindar mayores detalles.

Sin embargo, las instituciones financieras consideran que la ley de “renegociación de deuda” es "confiscatoria".

En cuanto a la Ley de Tarjeta de Crédito aseguró que se encuentra en discusión ante la Comisión Económica de la Asamblea Nacional.

"Se está trabajando un proyecto de ley en la Comisión Económica de la Asamblea Nacional y también una normativa en la Superintendencia de Bancos. Ambos proyectos están en discusión con los banqueros", apuntó.

El bono salarial

Arce, así mismo indicó, que el FMI mostró interés en conocer todo lo relacionado a un aumento de C$529 córdobas (U$25 dólares) en los salarios de 120 mil trabajadores del Estado, los cuales provendrán de los fondos de la cooperación de Venezuela.

Esta medida fue anunciada por Ortega en la víspera del Día Internacional de los Trabajadores, el pasado 30 de abril.

Por su parte, el presidente del Banco Central de Nicaragua, Antenor Rosales, señaló que el bono salarial "no pertenece” a las arcas del Estado y por consiguiente insistirán al FMI que los fondos de la cooperación venezolana "no forman parte del registro de la deuda interna nicaragüense".

"Vamos a visitar la sede del FMI para que quede claro que el ministerio de Hacienda y Crédito Público no se va a involucrar en la distribución de ese bono por no ser recursos del Estado", dijo Rosales, quien también anunció la suspensión del encuentro Nicaragua-FMI.