SAN JOSE.- Costa Rica se convirtió hoy en el primer país de América Latina en poner un freno a la extracción de minerales a cielo abierto cuando la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad en segundo debate una reforma a la Ley de Minería.

La modificación declara al país libre de minería y metales pesados a cielo abierto.

La iniciativa fue presentada en 2005 por el entonces diputado Gerardo Vargas Leiva del Partido Acción Ciudadana.

Para que entre en vigencia falta aún la firma de la presidenta Laura Chinchilla y su publicación en el diario oficial La Gaceta.

El diputado Claudio Monge, de Acción Ciudadana, el partido más fuerte de la oposición, dijo a ANSA que se trata de un gran logro, que será ejemplo mundial.

Según el legislador, un 90 por ciento de los costarricenses está contra este tipo de minería y con la reforma se satisface esa demanda de la población.

"Se votó rápidamente porque logramos negociar con el Poder Ejecutivo y ahora vamos a darle nuestro apoyo en el conflicto fronterizo con Nicaragua", dijo el legislador.

El acuerdo modifica el párrafo segundo y agrega ocho párrafos al Código Minero con el fin de prohibir la explotación minera en los refugios Estatales de Vida Silvestre. Crea, además, la excepción a la prohibición de exploración y explotación minera en pequeña escala para los trabajadores organizados en cooperativas de las localidades de Abangares, Golfito y Osa, en donde la subsistencia de las familias depende exclusivamente de la extracción de oro.

La modificación del artículo 103 considera la técnica de lixiviación con cianuro y mercurio y el uso inadecuado de sustancias peligrosas, según calificación de la Organización Mundial de la Salud, como factores que deterioran el ambiente.

Una vez que sea firmado por Chinchilla y publicado se dará un plazo de diez años a las cooperativas para eliminar el uso del cianuro y mercurio y pasar a prácticas amigables con el ambiente.

También se da un plazo de tres años al Estado para que promueva alternativas sustentables que ayuden a aprovechar mejor el metal extraído y se abra la posibilidad de acceder a créditos de manera prioritaria.

Uno de los puntos más importantes reconoce la preservación de los derechos de concesión adquiridos de buena fe y que sean archivados los que se encuentran en trámite posterior a la aprobación de la ley.

También se advierte la imposibilidad de extender los permisos de explotación y extracción, posterior a su vencimiento. La reforma deja claro que el llamado caso de Las Crucitas, que realiza una empresa canadiense en el norte del país, tiene un plazo fijo que una vez terminado obliga al cierre de sus operaciones.

La actividad en Las Crucitas mantiene una gran polémica nacional. Un amplio sector de la población exige que el contrato se rompa y se dé marcha atrás en un decreto que lo declara de conveniencia nacional, firmado por el ex presidente Oscar Arias en los últimos días de su gestión.

Otro aspecto que se establece es que el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAE) deberá realizar un estudio de las solicitudes pendientes, así como de los permisos y concesiones otorgadas en las áreas de reserva y archivar las que sean ilegales.