Diputado del BDN Eduardo Montealegre. (foto/archivo)

BDN denuncia que PLC quiere elegir a funcionario en “combo”

La reelección de los magistrados electorales ya se oye sonar, este martes los diputados liberales entre sí se echaron la culpa de estar incumpliendo un acuerdo denominado “Metrocentro II”.

En dicho convenio los bloques de oposición habían establecido que no se reelegiría a ningún funcionario del Consejo Supremo Electoral (CSE), porque presuntamente este poder del Estado realizó un “fraude electoral” en los comicios municipales del 2008.

La Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) denunció que el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) tiene planeado elegir a una veintena de funcionario públicos, en “combo” para “camuflar” al actual presidente del CSE, Roberto Rivas.

Para el diputado del BDN eso representa un incumplimiento al acuerdo Metrocentro II, porque según dijo “los funcionarios públicos deben elegirse de acuerdo a los preceptos constitucionales, que deben ser uno a uno y no en combo”.

Sin embargo el diputado del PLC, José Pallais, niega dichas acusaciones y responsabiliza al BDN de “violar” lo acordado en noviembre del 2009.

“El diputado Pallais debe estar alucinado o no ha leído los acuerdos de Metrocentro II que establece tres aspectos: No reelegir a ninguno de los magistrados Propietarios y Suplentes del Consejo Supremo Electoral (CSE), no elegir a los magistrados del CSE mientras no se reforme la Ley Electoral y por último elegir a los nuevos funcionarios de acuerdo a preceptos constitucionales eso es, lo que dice Metrocentro II, dónde está que lo hemos violado”, refutó Montealegre.

El legislador del BDN indicó que “lo que andan buscando (los del PLC) son excusas para volver a pactar”.

Para mañana los miembros del PLC tienen prevista una reunión para discutir el caso de la elección de 25 uncionario a quienes se les venció el periodo en sus cargo, pero estos continúan en los mismos debido a al Decreto Presidencial 03-2010 que fue consolidada con la publicación de una nueva Constitución Política que revive el artículo 201 párrafo segundo.