El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, señala en un comunicado público, que una de las condicionalidades para que sean desembolsado 42.5 millones de dólares a Nicaragua depende de la puesta en vigencia de la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público.

Señala el comunicado textualmente en una de sus partes que “Cuando hace un año conocimos un proyecto de Ley, enviamos nuestras observaciones por escrito al Gobierno, reflejando las mejores prácticas internacionales. Oficialmente, el BID no ha recibido el texto del nuevo anteproyecto de Ley. El mayor interés del BID es que la Ley sea consistente con las mejores prácticas internacionales”, dice la misiva.

“La puesta en vigencia de la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público es una de las condicionalidades para desembolsar 42.5 millones de dólares en concepto de Préstamos en Apoyo de Reformas de Políticas (PolicyBased Loan-PBL-). Esto supone la incorporación, en el marco normativo, de las mejores prácticas internacionales solicitadas en su momento por el BID”, agrega.

“Lo que está en cuestión no es la aprobación de la Ley, sino que se apliquen las mejores prácticas internacionales; por lo tanto, nuestra opinión al respecto será en esa dirección”, finaliza afirmando la misión del BID en su documento público dado a conocer en Nicaragua. Es la primera vez que un organismo multilateral, en lo que va del gobierno del Presidente Ortega, en su segunda fase, suspende temporalmente un desembolso que hace pensar que se pueda dar algún bloqueo de las fuentes de financiamiento pero no de manera total.