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El gobierno de Costa Rica rechazó a través de su Canciller, Enrique Castillo, quien dijo que no atenderá la demanda que presentaron dos organismos ambientalistas de Nicaragua por los daños ocasionados al Río San Juan al construir una carretera paralela al nicaragüense Río San Juan. La demanda fue admitida por la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ, pero no fue atendida por Costa Rica.
Ayer el Canciller Castillo no estaba enterado de la notificación hecha en la sede de la embajada de Costa Rica en Nicaragua, por el secretario de la CCJ, Wernes Issac Vargas, quien dejó la cédula de notificación judicial pegada en la entrada de la sede diplomática, ya que el encargado de negocios no estaba y ninguna de sus secretarias quiso recibirla. El funcionario de la política exterior costarricense dijo que no habían recibido ninguna notificación.
Agregó que su país es ajeno al fallo de la Corte Centroamericana de Justicia ya que Costa Rica nunca se adhirió y no ratificó su entrada a la CCJ, dijo el Canciller .Manifestó que su gobierno no tendrá ninguna acción “porque Costa Rica no está sujeta a la autoridad de la CCJ, y que nunca se ha ratificado ningún convenio para forma parte”.
Insistió que no habrá ninguna reacción a lo que diga el tribunal centroamericano “porque se está prestando al juego político de Nicaragua, y se ha sumado a la campaña de difamación que Nicaragua ha emprendido todo por la construcción de esta carretera”. La Corte Centroamericana de Justicia, CCJ, le dio 10 días a la presidenta Laura Chinchilla para que haga sus alegatos correspondientes ante la demanda presentada por los ambientalistas.
El Presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ, Francisco Darío Lobo, afirmó que la notificación presentada en la sede diplomática de Costa Rica en Managua, que demandan a ese gobierno por daños ambientales al construir una vía en las riberas del Río San Juan, “ya es un hecho público”.
El Magistrado presidente del organismo judicial regional dijo que aunque Costa Rica no responda al contenido de la demanda presentada la sentencia tendrá que ser reconocida ya que el país es integrante del Protocolo de Tegucigalpa desde el año 1996, afirmó .
La notificación puesta ayer en una pared de la entrada de la embajada de Costa Rica en Managua tiene que hacerse del conocimiento de la Procuradora General de la República costarricense, Ana Lorena Brenes. Las organizaciones ambientalistas que presentaron la demanda por daños ambientales son la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible y el Foro Nacional de Reciclaje, Fonare.
Darío Lobo, dijo que San José es parte del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Agregó que “Costa Rica no puede objetar desconocer ese tratado que adopta tres disposiciones: creación de la Corte, CCJ, protección del medio ambiente, y sometimiento obligatorio de la Corte. Este Protocolo de Tegucigalpa está vigente en toda Centroamérica, todos los estados los ratificaron, incluso Costa Rica”, dijo Lobo.
