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La Asamblea Legislativa de Costa Rica votó el pasado lunes la incorporación de un artículo en el Código Penal, que se establece una pena de entre cuatro y ocho años de prisión para quien "procure u obtenga indebidamente informaciones secretas políticas". Se trata del artículo 288, titulado "Espionaje", que se incorporó al Código Penal como parte de una adición sobre delitos informáticos. La reforma ya ha obtenido la firma de la presidenta Laura Chinchilla y comenzará a regir luego de su publicación en el diario oficial.
La aprobación de este artículo desató una fuerte polémica entre juristas y comunicadores, para quienes la medida implica una restricción al acceso y difusión de información de interés público. Según el exjuez y especialista en derecho penal Ewald Acuña, la expresión "informaciones secretas políticas" podría ser utilizada para poner trabas al trabajo de investigación de la prensa y crear un fuero especial de protección para quienes se dedican a la actividad política. "¿Cómo interpretar jurídicamente esa frase? Por político se puede entender todo lo que tenga que ver con partidos políticos, sobre personas que trabajan en los ámbitos políticos y la información que trasciende entre ellos; si uno ve el caso del 'memorándum' durante la discusión del TLC, esa información no se hubiera podido publicar porque hay una ley que la declara secreta de manera solapada", señaló el jurista.
La Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper) también expresó su preocupación y convocará la próxima semana a los directores de medios de comunicación. "Nos parece que se trata de una redacción muy sospechosa y queremos analizar su alcance legal. Además, impone una pena mínima de cuatro años, la cual no es excarcelable, es un tema grave y preocupante", señaló José Rodolfo Ibarra, Presidente del Colper.
