foto J. Cajina
El Procurador General de Justicia de Nicaragua, PGR, Doctor Hernán Estrada Santamaría, afirmó que todavía están pendientes de reclamo en dominio y posesión de propiedades, 178 ciudadanos de Estados Unidos, que fueron confiscados en el periodo de la revolución sandinista después de la caída de Somoza el 19 de julio de 1979, luego del decreto 3 y 38 que le dio base jurídica a la medida revolucionaria de ese entonces.
Los decretos eran aplicables para las propiedades de Somoza y los somocistas y en materia de propiedades agrarias que pasaron totalmente a ser administradas por el nuevo Estado formado y sus instituciones constituidas para ese propósito.
El abogado del Estado de Nicaragua, Estrada Santamaría, dijo que el número de reclamantes norteamericanos son “una minoría” comparativamente hablando con los casos que se dieron en la década de la revolución.
La solución de 64 de esos asuntos jurídicos esta interrelacionada con la aprobación del Waiver, una dispensa anual que otorga el gobierno norteamericano para dar respuesta a sus ciudadanos que fueron confiscados por los sandinistas, durante la época de la revolución. También el Waiver es importante tenerla ya que de ahí depende la ayuda bilateral y hasta podría vetar la solicitud de préstamos nicaragüenses que se hagan en los organismos multilaterales, según se sabe desde años atrás.
Los costos en concepto de indemnización pagados por el gobierno nicaragüense a los confiscados norteamericanos desde el año 1990 hasta el 2001 fueron de US$ 1,109 millones dijo el Procurador Estrada. En el período del ex mandatario Enrique Bolaños fueron se pagó US$105 millones en indemnizaciones a los norteamericanos. En la época del nuevo gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra entre los años 2007 y 2012 se han pagado indemnizaciones que suman S$69.8 millones.
El Procurador Hernán Estrada Santamaría dijo que de los 178 casos pendientes de solución 42 no tienen derecho a reclamar porque según la ley 527, ley de autorización de relaciones de los Estados Unidos, no tienen derecho a reclamar porque no poseen el 50% de las acciones de las sociedades anónimas que reclaman. Sugirió que esos casos sean abordados en los tribunales norteamericanos a través de la mediación y arbitraje, dijo.
