Una vez promulgada la ley de expropiación del 51% de las acciones de la petrolera YPF, la petrolera española Repsol ha comenzado formalmente su batalla judicial contra Argentina.

La empresa española denunciará al país latinoamericano ante la Corte de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial en Washington y reclamará 10.500 millones de dólares de indemnización "más los gastos ocasionados por los daños causados".

Por su parte, el Gobierno argentino sostiene que no pagará la elevada indemnización debido a la deuda de la petrolera argentina, a sus costes ambientales y al flujo de dividendos ya pagado.

Repsol también anticipó que evocará en su denuncia el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) firmado en 1991 entre Argentina y España.

En este proceso, que podría activarse en un plazo no mayor de seis meses, la compañía española debe enviar una misiva al Gobierno argentino, en la que se notifiquen tanto sus reivindicaciones, como la intención de la petrolera de recurrir a la institución internacional.

Además de acudir a la CIADI, la petrolera española pretende emprender "todas las acciones legales a su alcance", lo que incluye a los propios tribunales argentinos o estadounidenses. Paralelamente, los accionistas minoritarios preparan acciones legales en Estados Unidos y no se descarta que otros inversores de YPF, entre ellos algún fondo internacional, puedan judicializar el caso.

El conflicto Repsol-YPF se desató después de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner acusara a YPF de una caída en la producción por falta de inversión. Por su parte, la compañía esgrime que en 2011 realizó inversiones récord por valor 3.022,7 millones de dólares, un 50 % más que en 2010, y que pagó 28.000 millones de pesos (6.363,6 millones de dólares) en concepto de impuestos, también una marca histórica.