El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, no acepta y rechazó ayer en un discurso oficial la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya , que devuelve a Nicaragua sus derechos marítimos para tener acceso al mar cercenado por un tratado del año 1928 conocido como Bárcenas Meneses-Esguerra . En ese tiempo el país estaba ocupado por tropas de Estados Unidos. Ese tratado fue desconocido por el gobierno de Nicaragua en el año 1980 recién había asumido la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional que sustituyó a la dictadura de Somoza en forma cruenta.

El mandatario aceptó la sentencia que beneficia a Colombia que le da soberanía sobre 7 cayos y las Islas de San Andrés y Providencia pero no aceptó la delimitación de la nueva frontera marítima que reconoce a Nicaragua el control sobre 100 mil kilómetros de sus derechos en el mar. El meridiano 82 grados , que era la línea divisoria entre lo que le pertenecía a Nicaragua y Colombia que ahora pasó al 79 grados, según la decisión del máximo tribunal del planeta.

Santos dijo que la CIJ no tuvo en cuenta “circunstancias a las que se ha debido dar peso, tales como consideraciones de seguridad y acceso equitativo a los recursos naturales. Inexplicablemente después de reconocer la soberanía de Colombia sobre todo el Archipiélago, y de sostener que éste, como una unidad, generaba derechos de plataforma continental y zona económica exclusiva la Corte ajustó la línea de delimitación, dejando los cayos de Serrana, Serranilla, Quitasueño y Bajo Nuevo separados del resto del archipiélago.

Agregó que “Esto es inconsistente con lo que la propia Corte había reconocido, y no es compatible con la concepción geográfica de lo que es un archipiélago. Todo esto realmente son omisiones, errores, excesos, inconsistencias, que no podemos aceptar”, dijo.

Expresó el presidente colombiano que “teniendo en cuenta lo anterior, Colombia representada por su Jefe de Estado rechaza enfáticamente ese aspecto del fallo que la Corte ha proferido en el día de hoy. Por esto, no vamos a descartar ningún recurso o mecanismo que nos conceda el derecho internacional para defender nuestros derechos.

Expresó que “El Gobierno respeta el derecho pero considera que la Corte ha incurrido en este tema en serias equivocaciones. A mí me eligieron, ante todo, para defender y hacer cumplir la Constitución de Colombia. Ese fue mi juramento. Dentro de esos deberes constitucionales, está proteger y garantizar los derechos de los colombianos, y honrar los tratados que Colombia ha suscrito con otros países del Caribe.”

El artículo 101 de nuestra Carta dice que 'los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República'.

La Corte Constitucional ha dicho que estos tratados es decir, los que se refieren a las fronteras y límites de Colombia deben ser aprobados por reforma constitucional. Como Presidente, tengo la obligación de respetar este mandato de la Constitución, lo que decidió la Asamblea Constituyente en 1991 y lo que ha dicho la Corte Constitucional.

De lo anterior se derivan claros obstáculos que hacen compleja y difícil la aplicación de algunos aspectos de la delimitación marítima trazada hoy por el fallo de la Corte de La Haya. Es evidente que existe una contradicción de este fallo con nuestra Carta Fundamental y con varios tratados internacionales vigentes, manifestó en su alocución el mandatario colombiano.