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actualizado 22 de nov. 2012
El agua de unos indígenas guaraníes es “contaminada” en una amarga disputa territorial
En una amarga disputa territorial
Survival International
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» Indígenas guaraníes de la comunidad de Ypo'i en Brasil.

foto © MPF

 

Una comunidad de indígenas brasileños asegura que una de las haciendas ganaderas más polémicas del estado ha contaminado su principal fuente de agua. Los guaraníes de la comunidad de Ypo’i en el estado de Mato Grosso do Sul, utilizaron un teléfono móvil para grabar la polución, que se extendió rápidamente y durante dos días cubrió la mayor parte del arroyo.

Los indígenas han declarado: “Los niños se estaban bañando cuando vieron la espuma blanca… fuimos arroyo arriba hasta la hacienda, donde vimos dos grandes contenedores”. La hacienda en cuestión pertenece al terrateniente brasileño Firmino Escobar, que ya lleva tiempo involucrado en una amarga disputa territorial con la comunidad guaraní.

Hace más de dos años, Escobar bloqueó todas las entradas al territorio que los indígenas habían reocupado, cortando así su acceso al agua, comida o atención médica. Un tribunal sentenció posteriormente que los guaraníes podían permanecer en un pequeño pedazo de su tierra ancestral, hasta que las autoridades demarcasen su territorio, algo que aún no se ha finalizado.

Los guaraníes dicen que este incidente les ha dejado “en estado de shock y muy enfadados”. Creen que es un acto deliberado y “no un accidente”. La comunidad ha descrito el arroyo como “nuestra principal fuente de agua para beber, bañarnos, cocinar y lavar la ropa. Ahora no podemos utilizarlo… estamos muy asustados”.

Aún no está claro qué sustancia fue vertida en el agua. La policía local ha visitado el lugar y los guaraníes están esperando el resultado de la investigación.

El director de Survival International, Stephen Corry, ha declarado hoy: “Los guaraníes llevan demasiado tiempo soportando una campaña de terror sostenida y maliciosa para mantenerlos fuera de la tierra que legítimamente les pertenece. Los culpables de este último acto, cruel y perverso, tienen que ser llevados ante la justicia. El Gobierno federal debe instar a la policía local a que lleve a cabo una investigación minuciosa e imparcial”.

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