El presidente Juan Manuel Santos aseguró que no aplicará el fallo en el litigio con Nicaragua hasta estar seguro de que los derechos de los colombianos estén protegidos, en tanto los habitantes y autoridades de la isla de San Andrés respaldaron la decisión del gobierno retirarse del Pacto de Bogotá que reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para dirimir asuntos territoriales.

El presidente no explicó si esa decisión de no "aplicar" el fallo era la posición oficial colombiana de no acatamiento a la decisión, aunque ya en el pasado el mandatario ha hecho referencias similares e incluso ha dijo que Colombia no está de acuerdo y rechaza la sentencia.

Solamente agregó que "esta dificultad que me llegó (al gobierno) de allá de la Corte Internacional de Justicia por este fallo que nos golpeó el corazón, nos golpeó el alma, también la vamos a enfrentar con decisión, la vamos a enfrentar con contundencia".

"Lo he dicho, que ese fallo vulneró muchos derechos, muchos derechos de los colombianos y yo no voy aplicar ese fallo hasta no garantizar que esos derechos están bien defendidos y me voy a proponer mañana, tarde y noche a lograr recuperar esos derechos que nos fueron vulnerados", dijo el mandatario en Bogotá al hablar en un encuentro de alcaldes de todo el país.

"Hemos sufrido un golpe muy serio por ese fallo...por las calles le preguntó a la gente, '¿cómo vamos?* y a veces me responden 'estamos golpeados, nos golpeó nuestra estado de ánimo'", añadió el mandatario en su discurso transmitido en vivo por la Presidencia en su página de internet.

Más temprano, desde el poblado de Aparató, en el noroeste colombiano, Santos ratificó la posición colombiana en torno al fallo.

"Seguiremos usando todos los recursos que tenemos en todas las instancias para que este fallo de la Corte no vulnere ninguno de nuestros derechos", dijo el mandatario citado por Presidencia.

"No voy a estar insultando yo al presidente (Daniel) Ortega ni a nadie, pero vamos a estar actuando con toda firmeza y con toda la determinación", añadió en referencia al presidente Ortega, de Nicaragua.

En la isla de San Andrés, sus autoridades y pobladores apoyaron la decisión del retiro del pacto, aunque demandan una declaración clara de no acatar el fallo y mantener las aguas.

"Nosotros respaldamos y vemos con muy buenos ojos la decisión (del gobierno de Santos) ...Ahora falta la estocada final y la estocada final es no aceptar el fallo de La Haya", dijo Arlington Howard, presidente de la asamblea legislativa de San Andrés.

"Lo único que nosotros ahora necesitamos que haga el presidente Santos es que no acate el fallo, no seguirle la corriente a esos magistrados (de la Corte Internacional) que no conocen nada de nuestra cultura", añadió Howard en entrevista telefónica.

El gobierno anunció la víspera su retiro del denominado Pacto de Bogotá, firmado en la capital colombiana en 1948 por países del hemisferio en medio de una reunión de la Organización de los Estados Americanos (OEA); y por la cual reconocen la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para dirimir asuntos territoriales y marítimos, entre otros.

El presidente Santos y su canciller María Angela Holguín han aclarado que sólo renuncian a esa jurisdicción porque creen que tales límites deben ser decididos por los Estados, pero que seguirán en otros mecanismos de resolución pacífica de conflictos.

La canciller Holguín e internacionalistas han explicado que la salida del pacto sólo comenzará a regir dentro de un año, y que lo que buscan con la salida del Pacto de Bogotá es evitar nuevas acciones o demandas en contra de su territorio.