El juicio del año terminó y la jueza Adela Cardoza ratificará la sentencia para los acusados de varios delitos y su lectura correspondiente el próximo 12 de octubre . El Ministerio Público solicitó para el ex magistrado del Consejo Supremo Electoral, CSE, Julio César Osuna Ruíz, una pena de 26 años y medio. A las 3 de la mañana del jueves 27 de septiembre en la audiencia de debate de penas el Ministerio Público había solicitado para los procesados 41 años de cárcel por los delitos de lavado de dinero, tráfico de drogas y crimen organizado por afectación al Estado y a la sociedad . Los abogados defensores de los acusados rechazaron la solicitud de condena de la Fiscalía ya que el Código Penal y la Constitución Política establecen pena máxima de 30 años.

Los juzgados de Managua la madrugada de ayer jueves permanecían desiertos de los familiares que esperaban todavía una resolución favorable para los implicados. Habían estado presionando con pancartas y otros medios de atención pública para incidir en la resolución judicial. Los 22 acusados escucharon de forma serena la sentencia de la judicial.

Solamente dos salieron beneficiados de la resolución. Carolina González, quien fuera secretaria del ex Magistrado del Poder electoral, Julio César Osuna, y, William Vargas Conrado. Vargas fue sobreseído y su juicio clausurado anticipadamente a petición de la defensa. No hubo oposición del Ministerio público , ni la Procuraduaría.

La subordinada del ex magistrado Osuna testificó voluntariamente en contra de su jefe y su asesor legal Jorge Luis Acevedo.De repente todo el poder se le disipó con la realidad a Osuna cuando se dieron los hechos desde que se le privó de inmunidad por el parlamento y ahora condenado.

El fiscal Giscard Moraga Guillén dijo a la juez Segundo de Distrito Penal de Juicios de Managua, doctora Adela Cardoza Bravo, que en algunos casos solicitaría la duplicación de la pena de 7 años por crimen organizado, debido a que la ley lo contempla para castigar el interés económico o lucro obtenido por el delincuente, la vulneración de los bienes jurídicos tutelados y la gravedad del hecho cometido.

Para Henry y Pedro Fariñas Fonseca, Guillermo Blandón y Hugo Mauricio Jáenz Figueroa, la Fiscalía pidió 41 años por crimen organizado, lavado de dinero y transporte de drogas; en tanto que para Karla Jarquín, solicitó 34 años por crimen organizado y transporte internacional de drogas.

El fiscal de la causa pidió para Isaladier Reyes y su célula, 34 años por transporte ilegal de estupefacientes en la modalidad internacional y por crimen organizado; para Felipe Mendoza 41 años por estos mismos delitos, además de lavado de dinero, bienes y activos.

Respecto a Henry Ramón Bermúdez Rivera y Guillermo Blandón Cerda, la solicitud es de 34 años de prisión.

Colombianos con pena máxima

En el caso de los colombianos José Darío Euscategui y Gonzalo Rugeles, la solicitud es de 34 años por crimen organizado y transporte de drogas. “La pena máxima de 20 años de prisión por transporte y por crimen organizado, más la pena de siete años con la agravante que la duplica según la legislación, es decir 14 años, por el interés económico, la vulneración de los bienes jurídicos tutelados y la gravedad del hecho, es lo que solicita la fiscalía”, dijo Moraga.

En cuanto al ex magistrado suplente del Consejo Supremo Electoral, Julio César Osuna Ruiz, la Fiscalía solicitó 26 años y cuatro meses de prisión por el delito de crimen organizado y lavado de dinero, bienes y activos.

Para Jorge Luis Acevedo, ex asesor del magistrado electoral, Moraga Guillén solicitó que la judicial le imponga la pena de 16 años y cuatro meses y medio de prisión, pues valiéndose de su condición de servidor público se prestó para tramitar documentación que luego se le asignaría a narcotraficantes internacionales como Alejandro Jiménez, alias “El Palidejo”.

Las demás peticiones de la Fiscalía demandan para José Francisco Somarriba, 14 años de prisión; María Isabel Rayo y Karla Fariñas, 11 años de prisión; José Francisco Osuna, once años y para Guillermo Terán siete años de prisión, más el decomiso de sus bienes muebles e inmuebles ocupados.

Multas millonarias

Por su parte, la Procuraduría General de la República solicitó la imposición de multas a los sentenciados, algo que los abogados defensores calificaron de “ridículo e ilegal”.

Para Julio César osuna, el procurador Francisco Mairena Larios pidió la imposición de cuatro millones 798 mil 10 córdobas y en dólares 523 mil 360.47 dólares, “como consecuencia directa de lavado de dinero”.

Además, dijo, por el transporte de drogas solicito mil días multas a los encontrados culpables por ese delito.

En cuanto a Henry Aquiles Fariñas Fonseca, la Procuraduría pidió que se le multe con un millón 944.355 dólares.

Al dueño del taller Frío Master, donde caleteaban vehículos para transportar droga, que se le multe con un millón 115 mil 994 córdobas y mil días multa.