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La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, dijo durante la reunión que sostuvo con el Jefe del Ejército, General Julio César Avilés Castillo, el pasado viernes 26 de abril, varias aclaraciones acerca de la Ley Integral Contra la Violencia Hacia la Mujer (Ley 779), en la cual dijo que la ley contempla veinte medidas cautelares además de la prisión preventiva, estas pueden ser aplicadas por los judiciales y policías según sea el delito, sostuvo el alto cargo del poder judicial.

“Los jueces tienden a aplicar la prisión preventiva en casi todos los delitos y eso no es necesario, porque hay veinte medidas alternativas a la prisión preventiva, que son medidas cautelares que los jueces pueden aplicar”, interpretó la doctor Ramos Vanegas, presidenta del poder judicial.

Agregó, que la Policía está en capacidad de aplicar la prisión preventiva en la mayoría de los delitos, cuando también tienen otras medidas pre cautelares que pueden ser aplicadas cuyo objetivo es proteger a la mujer. El fin de semana la red de mujeres contra la violencia estuvo presionando ante la Corte Suprema de Justicia, CSJ, para que los magistrados declararan el no ha lugar a un recurso por inconstitucionalidad interpuesto a la ley 779 por líderes evangélicos, ya que no considera la mediación como parte del Código Procesal Penal, CPP y no hay debido proceso.

Sin embargo, la doctora Alba Ramos Vanegas, dijo que las medidas pre cautelares y cautelares se deben aplicar haciendo uso de los criterios de proporcionalidad y necesidad, según sea el caso. “Las medidas no se aplican por aplicarse o porque están establecidas ahí en la Ley 779, sino porque realmente es necesario en ese caso concreto”,precisó.

El recurrente por inconstitucional de la Ley 779, ley integral de violencia hacia la mujer, doctor Marlon Loásiga, dice que su argumento básico al recurrir ante la Corte Suprema de Justicia, CSJ, se da basado en el principio de igualdad y de igualdad absoluta y en el que se establece el principio de inocencia además que violenta los derechos humanos a los hombres y crea conflicto de intereses entre los géneros. La ley trasciende ámbitos de aplicación porque se aplica a “ex- maridos, ex- novios y hasta desconocidos “. Se preguntó ¿cómo es posible que exista ese tipo de ámbito? Se preguntó el jurista, quien manifestó que el objetivo de la ley es que exista “una relación directa entre el hombre y la mujer y cuando hay separación no hay nada más que hacer con esa ley con ex mujeres ”, dijo.

Manifestó que ante situaciones de relaciones que puedan tener los hombres con mujeres prostitutas se corre el riesgo que puedan ser acusados de “violación sexual y maltrato “ si esa persona que se dedica a esos menesteres pone la denuncia”, dijo el jurista. Actualmente existen casi un mil casos de denuncias por maltrato en las comisarías de las mujeres y la policía no da abasto , dijo el jurista Marlón Loásiga.

La red de mujeres contra la violencia a la mujer, rechazó la posición de los miembros de la Asamblea de Dios . La CSJ ha tenido reunión con los jueces que analizó las controversias que origina la ley 779 o Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres.

Sobre los recursos de inconstitucionalidad en contra de la Ley Integral Contra la Violencia Hacia la Mujer, la presidenta de la CSJ dijo , que aún no han sido examinados, ya que primero resolverán los problemas de aplicación de la Ley 779.

“Estamos tratando de resolver los problemas que se nos han presentado, sistematizándolos y haciendo propuestas para resolverlos, porque creemos que ahí está el meollo del asunto. No está en la Ley en sí misma, sino en su aplicación e interpretación en algunos casos”, dijo la presidenta del Poder Judicial, doctora Ramos Vanegas.

La presidenta del Supremo Tribunal declaró que en lugar de una reforma a la Ley 779 por la vía jurisprudencial, se está analizando la posibilidad de crear un protocolo de actuación o un reglamento dirigido a jueces y magistrados, para reforzar su aplicación.

La magistrada Ramos Vanegas, recordó que según la última encuesta del Sistema de Monitoreo de Opinión Pública, elaborada por la firma M&R Consultores, entre el 2 y el 18 de abril, el 82 por ciento de los nicaragüenses respalda la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer y sólo un siete por ciento está en desacuerdo, por lo que aseguró que “nuestra obligación como institución del Estado, es responderle a la mayoría”, afirmó la magistrada.