Supervivientes de la despiadada masacre en la que dieciséis indígenas yanomamis fueron asesinados a manos de buscadores de oro ilegales hablan del ataque veinte años después, mientras los mineros siguen invadiendo su tierra.

La masacre en la comunidad yanomami de Haximú, en la Amazonia venezolana, fue perpetrada por veintidós buscadores de oro brasileños en 1993. En el brutal ataque los mineros dispararon a mujeres, niños y ancianos, y mataron a un bebé con un machete.

Las supervivientes de la masacre, Marisa y Leida Yanomami, contaron en una entrevista exclusiva: “Los buscadores de oro mataron a nuestros hermanos y hermanas y también mataron a nuestro padre con machetes; algunos fueron asesinados con pistolas (…) No podemos hablar mucho sobre ella porque nos entristece. Cuando hablamos sobre la masacre recordamos a nuestro padre”.

Veinte años después, los territorios yanomamis de Brasil y Venezuela siguen siendo invadidos por buscadores de oro ilegales, que contaminan los ríos con mercurio y destruyen la selva. Los ataques a los yanomamis continúan, a pesar de una operación llevada a cabo por las autoridades brasileñas para expulsar a los mineros de la tierra yanomami.

En Venezuela, los yanomamis temen una invasión a gran escala de su territorio, ya que la empresa estatal china CITIC ha sido contratada para explorar, cartografiar y catalogar las reservas minerales venezolanas, muchas de las cuales yacen en territorio indígena.

COIAM, una red de organizaciones indígenas en la Amazonia, ha condenado los planes de CITIC y ha declarado: “Solicitamos al Gobierno Nacional la revisión urgente de estos proyectos y la no implementación de los mismos en territorios y comunidades indígenas debido a los posibles impactos destructivos ambientales y socioculturales. La vida y sobrevivencia física y cultural de los pueblos indígenas de las futuras generaciones depende de la protección integral de su hábitat y tierras”.

En Brasil, los yanomamis se oponen firmemente a un proyecto de ley de minería que está siendo debatido en la actualidad por el Congreso brasileño y que, de aprobarse, abriría el territorio yanomami y otros territorios indígenas a la minería a gran escala, y traería a futuros invasores a sus territorios.

Cinco de los autores de la masacre de Haximú fueron declarados culpables de genocidio, una sentencia que ha sido aclamada como histórica y sin precedentes. Pero a fecha de hoy solo uno de los mineros permanece en prisión. Uno de los que cumplió parte de la pena volvió a dedicarse a la minería ilegal en territorio yanomami y fue capturado nuevamente el año pasado, durante la operación para expulsar a los mineros del territorio.

Davi Kopenawa, un portavoz yanomami, dijo a Survival International: “Nunca me he olvidado de Haximú. Los buscadores de oro mataron a dieciséis yanomamis y los mismos mineros regresaron. (…) Estábamos indignados porque los mineros nunca fueron castigados y no sufrieron como nosotros”.

Varias comisiones binacionales fueron establecidas como consecuencia de la masacre, incluida una para hacer seguimiento y frente a la minería ilegal. Sin embargo parece que lleva años inactiva. Survival ha escrito a ambos gobiernos pidiéndoles que cumplan sus acuerdos de controlar la minería ilegal y proteger el territorio yanomami.

Hay unos 30.000 yanomamis repartidos entre Brasil y Venezuela, y son el mayor pueblo indígena relativamente aislado de América del Sur. Una oleada de buscadores de oro ilegales diezmaron a este pueblo en la década de los 80: en Brasil uno de cada cinco yanomamis murieron por ataques violentos o enfermedades transmitidas por los foráneos.

El director de Survival International, Stephen Corry, dijo hoy: "Tanto Brasil como Venezuela continúan permitiendo que los buscadores de oro ilegales operen dentro del territorio yanomami, a pesar de conocer los horrores que han causado. Brasil pronto dará la bienvenida al mundo como anfitrión del Mundial de Fútbol y de los Juegos Olímpicos, pero ¿es capaz su Gobierno de hacer cumplir las leyes dentro de sus propias fronteras?”