El fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que entregó a Nicaragua una extensa zona del Mar Caribe que aún controla Colombia es "inaplicable", dijo el jueves el vicepresidente del país sudamericano, quien afirmó que la decisión del organismo reactivó tensiones limítrofes entre naciones de la región. El principal órgano de justicia de las Naciones Unidas amplió la jurisdicción de Nicaragua sobre una amplia zona rica en recursos petroleros y pesqueros, un fallo que celebró el país centroamericano y que cuestionó Bogotá.

"El fallo que ha dado la Corte de La Haya es inaplicable y (...) no se puede aplicar ni ahora ni dentro de cinco o diez años", dijo el vicepresidente colombiano, Angelino Garzón, en un acto académico, en el más reciente pronunciamiento de un funcionario de Bogotá sobre el diferendo con Nicaragua, se señala.

"Es un fallo inaplicable, no contribuyó a mejorar los problemas limítrofes entre Nicaragua y Colombia, sino que los ahondó y los complicó mucho más al comprometer a otros países", agregó sin explicar las razones por las que no se puede aplicar. El tribunal internacional ratificó la soberanía colombiana sobre siete islotes que reclamaba Nicaragua -además de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina-, pero perdió el control de una plataforma marítima con un elevado potencial económico.

El fallo modificó los límites desde la frontera previa establecida en el meridiano 82 que Nicaragua consideraba que vulneraba sus derechos. De acuerdo con Bogotá, la decisión de la CIJ tiene implicaciones limítrofes sobre otros países como Costa Rica, Honduras y Jamaica, que comparten fronteras marítimas con Colombia y Nicaragua.

El gobierno de Colombia, que no ha acatado el fallo pese a que es inapelable, analiza posibles acciones jurídicas para contrarrestar sus efectos, mientras mantiene embarcaciones de su armada en la zona con el argumento de que lo hace para defender su soberanía. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que la presencia de las embarcaciones también busca hacer respetar los derechos de los colombianos residentes en la zona, principalmente a los pescadores.

"La Fuerza Pública cumple con su deber de mantener la soberanía de Colombia y de los ciudadanos colombianos en todo el territorio nacional", declaró Pinzón a periodistas. El gobierno de Bogotá dejó de reconocer la jurisdicción de la CIJ en disputas fronterizas después del fallo de noviembre, decisión que no le permite evadir el fallo, pero que bloquearía sentencias limítrofes en su contra si hay nuevas demandas. Las posibilidades de que el fallo sea modificado son casi nulas, por lo que la única opción que tiene Colombia si no quiere acatarlo es declararse en rebeldía, afirman expertos.