Nicaragua solicitó al gobierno de Costa Rica retirar la orden de captura expedida a la Policía Internacional (Interpol) contra el conocido comandante Edén Pastora, “Comandante Cero", un que las autoridades del exterior nicaragüense califican de "mala fe y provocación".

Pastora, fue delegado por el gobierno de Nicaragua para dragar el rio San Juan que es de dominio y posesión de Nicaragua y separa la frontera entre los dos países. Pastora es requerido por la justicia costarricense y la Interpol activó el martes pasado una orden de captura internacional por estar imputado en Costa Rica desde 2010 por los delitos de infracción a la Ley Forestal y por usurpación a bienes de dominio público.

El canciller nicaragüense, Samuel Santos, en carta dirigida al canciller tico , Enrique Castillo, solicitó al Gobierno de Costa Rica el retiro de la notificación roja contra Pastora. También hizo un llamado a esa nación "para que se abstenga de más actos que puedan agravar o prolongar la controversia" que mantienen ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la soberanía de un humedal en el Caribe, "o hacerla más difícil de resolver".

"El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional deplora este gesto de evidente mala fe y provocación por parte de Costa Rica", agrega el canciller nicaragüense Samuel Santos en la comunicación. Afirma que la orden de captura girada por la Interpol, a pedido del gobierno costarricense, también es un "incumplimiento a las ordenanzas" de la CIJ "que obligan a Costa Rica a abstenerse de actos que agraven la controversia".

"La mala fe con la que ha actuado Costa Rica en abierta violación a sus compromisos internacionales, atenta contra la neutralidad de la Interpol según obliga su estatuto y pretende utilizar la misma para fines políticos propios contraviniendo los principios y objetivos por los que fue creada dicha institución", criticó.

Nicaragua recordó a Costa Rica que el territorio en que presuntamente se cometieron los supuestos delitos, imputados a Pastora, "actualmente es objeto de una disputa limítrofe internacional entre ambos países" y que se ventila ante la CIJ desde noviembre de 2010.

"El caso aún no ha finalizado, por lo que será el órgano principal de Naciones Unidas el que decida sobre la soberanía de dicho territorio, antes de lo cual, Costa Rica no puede atribuirse potestades sobre el mismo o derivar consecuencias jurídicas", anotó.