El gobierno colombiano de Juan Manuel Santos conoció que hace meses atrás no tenía argumentos para hacer un pedido para la revisión del fallo de La Haya, antes de que terminara el plazo de un año que fue establecido por las normas de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

También conoció de que la apelación basada en la posibilidad de que el contrato del canal interoceánico entre Nicaragua y el chino Wang Jing era un "hecho nuevo", lo suficientemente complete como para justificar la revisión de la sentencia no tendría que prosperar.

El diario El Espectador de Colombia hizo unas publicaciones a través de un reportaje en que detalla paso a paso, los debates y estudios que ese país hizo para lograr encontrar algún punto de arranque para su contraofensiva, proceso que trajo el mismo presidente Santos.

El diario señaló que las dos demandas adicionales que fueron presentadas por Nicaragua destrozaron las posibilidades de conseguir un cambio en la decisión de la Corte y convencieron a Santos de que no debía presentar la solicitud de revisión porque "prevalecieron los criterios jurídicos sobre las conveniencias políticas coyunturales".

De acuerdo al periódico El Espectador, la excanciller colombiana Noemí Sanín entregó un informe a la cancillería de su país haciendo sugerencias de rechazar la sentencia. El gobierno logró someterlo a estudio, contratar a la firma Arnold & Porter de Estados Unidos para que "acompañara a los juristas franceses e ingleses involucrados en el asunto".