Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, comenzó el año 2013 venciendo en una nueva y particular elección. En una votación organizada por el "Movimiento 31 de Julio", un grupo apartidario y laico que lucha contra la corrupción y la impunidad en Brasil, el popular ex presidente fue elegido como la personalidad más corrupta de 2012. En la ceremonia se condecoró a Lula con el trofeo “esposas de oro" (Algemas de Ouro). El líder del PT se llevó el 65,69% de los 14.547 sufragios computados. El segundo lugar fue ocupado por el ex Senador Federal por el estado de Goias, Demóstenes Torres. El tercer escalón del podio fue para el Gobernador del Estado de Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Aunque parezca irónico, la elección fue marcada por un intento de fraude. Los organizadores detectaron la utilización de un sistema de votación automática, el cual creó perfiles falsos en Facebook los cuales intentaron direccionar más de 20.000 votos para los candidatos del Partido de la Social Democracia Brasileña y el Partido Demócrata.

La premiación tuvo lugar en el barrio de Leblon, ubicado en la zona sur de la ciudad de Rio de Janeiro. Durante el acto, muchos de los presentes utilizaron máscaras que representaban a los candidatos a llevarse el galardón. En el transcurso del evento fueron múltiples las demostraciones de apoyo a los integrantes del Supremo Tribunal Federal, organismo que investigó y condenó a los responsables del conocido “Escándalo del Mensalão”. La figura de Joaquim Barbosa, primer miembro afrobrasileño de la historia del Supremo Tribunal Federal, máxima autoridad del Poder Judicial Brasileño y protagonista del “Juicio del Siglo” fue una de las más subrayadas.

El Movimiento 31 de Julio nació en Internet en el año 2011 y rápidamente consiguió una amplia difusión a nivel nacional. Sus acciones son acompañadas por algunos de los grandes medios de comunicación brasileños. Uno de los principales objetivos de la joven organización es incentivar a la sociedad civil a denunciar casos de corrupción en las distintas esferas del Estado (Federal, Estadual y Municipal). Dicho movimiento ha sido ampliamente criticado por sectores afines al gobierno. Estos alegan que las denuncias de 31 de Julio solo apuntan a integrantes del PT y que los casos de corrupción que salpican a políticos de otras fuerzas son ignorados o minimizados.

La corrupción ha ocupado un espacio particularmente importante en la agenda política brasileña de los últimos años. Desde 2005 el gobierno de Lula da Silva tuvo que convivir con denuncias de pago de sobornos por parte de miembros del gabinete presidencial a legisladores de la oposición para la aprobación de leyes en el Congreso Federal. Luego de un proceso de aproximadamente siete años, y en un hecho casi inédito para la historia latinoamericana, la Justicia condenó a prisión efectiva a importantes integrantes del Partido de los Trabajadores, aún cuando la nombrada fuerza política se encontraba en el poder.

Desde su llegada a la presidencia, Dilma Rousseff dio un giro al estilo de gestión de su antecesor y aplicó una política de tolerancia cero ante hechos de corrupción dentro del gobierno. Durante su administración la mandataria expulsó a casi una decena de miembros de su gabinete, los cuales estaban sospechados de haber cometido actos ilícitos.

Sin dudas, la lucha contra la corrupción es uno de los grandes desafíos que deberá afrontar Brasil en los próximos años. La capacidad del sistema político e institucional del país para llevar a cabo esta difícil empresa es, hasta ahora, un gran interrogante.