En una acción sin precedentes de claro sentido “vengativo” y “represivo”, el Gobierno de Botsuana ha impedido la entrada al país del abogado inglés Gordon Bennett, donde tenía que representar a los bosquimanos del Kalahari en una importante vista ante el Tribunal Supremo sobre el acceso de la tribu a su territorio ancestral.

Bennett fue incluido en el "Listado de Visa” después de que representara a sus clientes bosquimanos en una exitosa audiencia en junio de 2013 para evitar la expulsión de la comunidad bosquimana de Ranyane. Por tercera vez el abogado Bennett lograba una victoria judicial para los bosquimanos. La primera en 2006 permitió a los bosquimanos regresar a su tierra ancestral; en 2011, en el segundo caso, se reconoció su derecho a perforar sus propios pozos de agua después de que el Gobierno intentara evitarlo.

Por lo general, los ciudadanos británicos no necesitan visados para entrar en Botsuana, pero tras la victoria de Ranyane, Gordon Bennett pasó a integrar el “Listado de Visa”. No hay constancia de que a ninguna de las personas que lo conforman se les haya concedido visa alguna. El Sr. Bennett solicitó la obtención del visado pero ha sido objeto de una serie de tácticas dilatorias por parte de las autoridades de Gaborone, según parece en un intento de asegurar que no revisarán su solicitud hasta después de que tenga lugar la audiencia. Para entonces, será demasiado tarde.

Gordon Bennett declaró hoy: “El derecho a un juicio justo normalmente conlleva el derecho a ser representado por un abogado de tu elección. No así en Botsuana, al parecer, al menos si a quien demandas es el Gobierno. A la mayoría de nosotros nos resultaría difícil entender que una de las partes de la acción legal pueda privar a la otra del abogado que ha elegido, pero el Gobierno no ve ningún problema. Ni siquiera considera necesario dar una explicación. Hoy no es un buen día para el estado de derecho en Botsuana.”

El próximo lunes 29 de julio los bosquimanos regresarán a juicio por tercera vez, ante la negativa del Gobierno de Botsuana a permitir a todos los bosquimanos expulsados en 2002 el libre acceso a su tierra ancestral en la Reserva de Caza del Kalahari Central (CKGR por sus siglas en inglés).

A la mayoría de los bosquimanos se les exige solicitar permisos para entrar en la Reserva, en lo que supone una flagrante violación de la sentencia del Tribunal Supremo de 2006, y soportan acosos e intimidaciones incesantes por parte del Gobierno.

El bosquimano Jumanda Gakelebone dijo a Survival: “Nunca ha sido nuestra intención volver a juicio, pero la represión, las expulsiones, el acoso y la tortura ejecutados por el Gobierno de Botsuana nos han forzado a hablarles ante el tribunal”.

En la sentencia histórica de 2006, en la que Bennett fue el principal abogado defensor, el Tribunal Supremo de Botsuana ratificó el derecho de los bosquimanos a entrar en la CKGR sin necesidad de permisos. El histórico caso fue el primero en establecer el principio a la propiedad de territorio nativo en África.

Pero el Gobierno afirma ahora que sólo las 189 personas que figuran formalmente como demandantes en ese caso y sus hijos menores de 16 años tienen acceso libre a la reserva. El resto debe solicitar un permiso de acceso de un mes de duración. Sin embargo, al iniciarse el caso en el año 2002, el Gobierno había reconocido que la sentencia sería efectiva para cerca de 700 bosquimanos, incluidos sus hijos.

Los bosquimanos viven bajo el temor constante de poder renovar sus permisos, en medio de una ola de detenciones y violencia hacia la tribu por parte de policías paramilitares y guardas forestales.

El director de Survival International, Stephen Corry, declaró: “Este es solo otro de los movimientos estudiados del presidente Khama para impedir el acceso de los bosquimanos a la justicia. Es irónico que todavía se pueda pensar de Botsuana que es ‘transparente’ y ‘democrática’ cuando su Gobierno ha invertido años en intentar destruir a sus pueblos originarios. Ahora, después de los éxitos judiciales, a los bosquimanos ni siquiera se les permite contar con su abogado. Esto es un acto vengativo y represivo".