Dentro de un contexto de medidas orientadas a superar las limitaciones estructurales de la economía brasileña, el gobierno de Dilma Rousseff ha impulsado la sanción de la denominada “Ley de Puertos”. La flamante normativa permite el ingreso del capital privado para la construcción de nuevas terminales portuarias, las cuales, a su vez, podrán proveer servicios a quienes deseen importar y exportar mercaderías. Bajo la anterior legislación las compañías estaban obligadas a utilizar exclusivamente los precarios servicios portuarios estatales, los cuales, debido al bajo nivel de inversión y al mayor dinamismo del comercio exterior, se encontraban saturados. La única alternativa contemplada por la antigua ley para aquellas empresas que deseaban “esquivar” el sistema estatal era la construcción de sus propias terminales. Una opción solo válida para grandes compañías como por ejemplo Petrobras y Vale quienes, en efecto, cuentan desde hace mucho con puertos propios.
Con la nueva ley en vigencia, el sector privado podrá invertir en la construcción en nuevas terminales. En los primeros días luego de sancionado el marco regulatorio la propia Presidenta dio a conocer proyectos aprobados para la construcción de 50 terminales privadas cuyo nombre técnico de ahora en adelante será “terminais de uso privativo” o “TUPs”. La ejecución de estas primeras 50 obras demandará inversiones por 11.000 millones de Reales (unos 4.800 millones de Dólares). A este número se le agregan otras 127 solicitudes recibidas por el ejecutivo las cuales se encuentran en proceso de análisis. Se espera de esta forma facilitar el ingreso y egreso de mercaderías desde y hacia Brasil, permitiendo reducir los costos y aumentando la productividad del aparato industrial local.
Uno de los grandes desafíos de la mayor economía latinoamericana es lograr reducir el denominado “Costo Brasil”. Se trata de una suma de costos adicionales que las empresas locales deben absorber y que, en última instancia, terminan dificultando la inserción de los productos y servicios brasileños en el mercado internacional. El “Costo Brasil” se compone de variables impositivas, burocráticas, legales, de infraestructura, financieras, institucionales, logísticas y de recursos humanos. Esta nueva ley busca justamente atacar directamente a uno de los componentes del “Costo Brasil”. La logística del 95% del comercio exterior del país se realiza a través de puertos por lo que de tener éxito ésta iniciativa se espera que repercuta positivamente en la competitividad de la economía local.
*Desde Rio de Janeiro
