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El Estado venezolano reconoce la importancia de esta ruta para preservar la diversidad biológica venezolana y la soberanía alimentaria, ya que el mercado de semillas transgénicas (modificadas biotecnológicamente) se encuentra bajo monopolio de unas pocas trasnacionales como la conocida Monsanto.
La nueva legislación protegería sobre todo a los pequeños y medianos productores, favorecería la utilización de semillas inocuas para el entorno y para la salud humana, y la creación de una institucionalidad que se ocupe de este tema.
El proyecto de ley -incluido el año pasado en la agenda parlamentaria y que debe entrar el próximo mes en discusión general- prevé la fundación de un Instituto Nacional de Semillas, que fiscalice y certifique, de manera autónoma, la producción agrícola en el país.
El legislador aclaró que se necesitan disposiciones legales contra las semillas transgénicas y los paquetes tecnológicos que se utilizan en ese tipo de agricultura.
En los próximos meses el proyecto será llevado a debate ante los movimientos sociales, los campesinos e incluso otros productores que apoyan los transgénicos.
La profesora Olga Domenech, coordinadora del Plan Nacional del Programa de Formación de Grado en Agroecología de la Universidad Bolivariana de Venezuela, afirmó que el empleo de transgénicos no solo daña al medio ambiente en general, sino que contamina específicamente las variedades de cultivos locales y al ser humano.
Igualmente entrevistada por VTV (televisora del estado), la especialista -quien colabora en la formulación de la antedicha Ley- informó que actualmente se forman en Venezuela profesionales para una transición agroecológica.
La ley debe incluir la visión del campesino que está amarrado a la tierra, la del productor que mira principalmente al mercado, y también la del consumidor, estableció Domenech.
Recientemente se han llevado a cabo protestas globales en contra de la Monsanto, la transnacional más grande del mundo, productora de químicos y semillas genéticamente modificadas.
Uno de los productos más controvertidos de la Monsanto, es el glisofato, conocido comercialmente, como Roundup, el cual según científicos europeos no es biodegradable y envenena los suelos.
Algunos activistas, expresaron su preocupación, al plantear que quieren engañar al país con una Ley de Semillas, que en el artículo 1, en vez de decir que protege a la semilla como patrimonio cultural y natural de los venezolanos, dice que es una ley para fomentar la producción de semillas por parte de los investigadores y que favorece a los derechos de los “obtentores” quienes son los que privatizan las semillas.
