La policía mató ayer en el sur de Brasil a un indígena terena e hirió a varios más mientras trataba de expulsarlos de forma violenta de su tierra. Miembros de esta tribu habían regresado a parte de su territorio ancestral que actualmente ocupa un terrateniente ganadero, quien además es un político de la región.

En otra zona de Brasil se notificó una orden de desalojo a los indígenas kayapós, araras, mundurukus y xipaias que tienen ocupada la polémica presa de Belo Monte. Policías armados han rodeado a los manifestantes y la tensión creciente hace temer que se produzca un episodio de violencia similar.

Los indígenas mundurukus, por su parte, también están protestando por la construcción de una presa en el río Tapajós. Un indígena de esta tribu murió de un disparo cuando la policía invadió una comunidad el pasado mes de noviembre.

Según declaraciones de Paygomuyatpu Munduruku: “El Gobierno está preparando una tragedia. Nosotros no nos marcharemos de aquí. El Gobierno nos ha ignorado, ofendido, humillado y asesinado…. Nos están matando porque estamos en contra de las presas”.

La constitución de Brasil y la normativa internacional consagran el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre los proyectos en sus tierras. Sin embargo una serie de proyectos de ley y las enmiendas constitucionales propuestas por un poderoso grupo de presión agrícola y minero amenazan con socavar esos derechos territoriales. Los indígenas están indignados porque, a pesar de llevar en el poder dos años y medio, la presidenta Dilma Rousseff todavía no se ha reunido con ningún indígena.

Survival International pide a la presidenta Rousseff que detenga la expulsión de los manifestantes indígenas, que mantenga consultas con ellos y que reconozca inmediatamente los territorios de la tribu terena.

El director de Survival International, Stephen Corry, ha declarado hoy: “La historia se repite. El Informe Figueiredo, una crónica de las atrocidades genocidas de una generación pasada, ha sido desenterrado exactamente al tiempo en el que se han desencadenado nuevos ataques contra los indígenas. Los asesinatos de estas personas no deberían tolerarse en ningún lugar, y mucho menos en un país que será la sede de próximos eventos deportivos mundiales”.