Alrededor de unos 3.000 militares y policías venezolanos iniciaron ayer lunes a extenderse en Caracas, pero sobre todo en zonas pertenecientes al estado de Miranda (norte), que lo gobierna el líder opositor Henrique Capriles, como parte de un plan que se extenderá a todo el país para combatir la inseguridad.

"Estamos aquí porque nos hemos decidido a luchar con toda nuestra alma para construir una patria segura", aseguró el presidente Nicolás Maduro al enviar un mensaje a los escuadrones de militares, policías nacionales y municipales durante el lanzamiento del plan Patria Segura 2013, en el complejo militar de Fuerte Tiuna (oeste de Caracas), retransmitido de manera obligatoria por radio y televisión nacional.

"Vamos a desplegar 3.000 hombres y mujeres (de distintos cuerpos de las fuerzas de seguridad) con sus equipos para nosotros avanzar en la protección", agregó el presidente, que calificó la inseguridad como "el problema más grave" que afronta el país.
El despliegue dio inicio por los municipios caraqueños de Sucre y Baruta, administrados por alcaldes opositores y que son del estado Miranda, gobernado por Capriles, que no ha reconocido el estrecho margen que dio la victoria de Maduro en las elecciones del pasado 14 de abril y que después fueron impugnadas ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Capriles brinda una entrevista con la emisora Unión Radio que "la seguridad no es simplemente sacar a las fuerzas policiales o al ejército a la calle", sino que es necesario un "plan integral" que se vaya además en la lucha junto a la impunidad y en mejorar el hacinado sistema carcelario venezolano.

Ante las críticas del gobierno de que Miranda es uno de los estados que reporta los mayores índices de inseguridad, Capriles señaló que se trata sólo de "politiqueria" y brindó detalles que en el distrito que gobierna se concentra el 10% de los homicidios, mientras que cifras oficiales señalan que es el 16%.

El ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, reveló que el despliegue de funcionarios es la segunda fase de un plan que está integrado de cuatro pasos, entre ellos la incorporación de 10.000 policías nacionales y el despliegue del Ejército de las calles, prevista en un plazo de cuatro meses.