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Las veinte naciones que estuvieron ayer en la II Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se pusieron de acuerdo sobre una propuesta formal para mover la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que radica en la actualidad en Washington.

El traslado de la sede de la CIDH a otra nación, propuesta que comenzó con Ecuador y el resto de naciones de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), sus primeros impulsores, no trae al convencimiento del resto de los Estados que, como Brasil, traen a concluir que se tiene que incluir un análisis del coste económico que trae consigo ese proceso.

El motivo de los integrantes del ALBA es que es muy incongruente que el órgano tenga su sede en un país que no tiene suscrito el Pacto de San José, instrumento de valor sobre los derechos humanos del continente.

Aunque se estipula la posibilidad de que este foro tenga una propuesta consensuada ante el cambio de sede, los países no acuerdan en bloque un arreglo que pueda ser introducido ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se realizará en Guatemala en el mes de junio.

Sobre las declaraciones al terminar la conferencia, Patriota indicó que se debe evaluar "la conveniencia del traslado de la sede, examinando los aspectos de costos, jurídicos y otros que puedan estar involucrados en este proceso".

Argentina, Perú y Costa Rica (que ya albergan la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH) son ciertas naciones que han sido los posibles candidatos.

Por su parte, el mandatario de Bolivia, Evo Morales, quien hizo la inauguración de la conferencia, acusó a la CIDH de cuestionar "sólo a los Gobiernos y presidentes antiimperialistas" y trajo consigo la necesidad de crear reformas profundas a la OEA.

"La CIDH termina encubriendo la violación de derechos humanos en Estados no signatarios de la convención. Elabora informes sobre Bolivia, Haití, Ecuador, Nicaragua, pero tiene amnesia sobre Estados Unidos", manifestó el mandatario.

Desde Montevideo, el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Alvarez Icaza, criticó el "doble rasero" que utilizan los Gobiernos de Bolivia y otros países latinos para hacer las evaluaciones de las violaciones a los derechos humanos del pasado y del presente.

"Hay dos raseros: cuando se les pone en la mesa violaciones en el presente, reaccionan diciendo que es un ataque político, diciendo que es un instrumento del imperio", afirmó.

La meta es alcanzar todas las adhesiones posibles a la Convención, debido a que en la actualidad solo 23 de los 34 países de la OEA tiene suscrita la citada convención.