SAN SALVADOR - El Salvador es la nación con mayor gasto público enfocada a la seguridad ciudadana y justicia en el istmo centroamericano, indicó un informe del Banco Mundial (BM).

"El Salvador es el país de la región que asigna la mayor cuota de su presupuesto (15% en 2010) al sector Seguridad y Justicia (comparado con la media de 8.2% en la región)", apunta el "Estudio institucional y sobre gasto público en seguridad y justicia en El Salvador", divulgado por el BM.

En este pequeño país, "si bien el gasto (público) total es bajo, los recursos asignados al sector Seguridad y Justicia son relativamente altos comparados con el resto de América Central. En 2011 El Salvador "dedicó 2.8% del PIB (Producto Interno Bruto) a gasto en Seguridad y Justicia", en tanto que en 2010 fue el 2.4%, detalló un comunicado del banco.

"En ese mismo año (2010), Costa Rica, Nicaragua y Panamá dedicaron 2,3% cada uno, Honduras invirtió 2% y Guatemala, 1.7% por ciento", agregó el boletín, que no señaló datos de 2011 de esas otras naciones. Según el estudio, comenzado entre junio de 2011 y marzo de 2012, "la vigilancia y patrullaje policial es el principal destino del gasto en seguridad" del Gobierno salvadoreño. "Durante 2011 casi el 45 por ciento del gasto en seguridad se dedicó a esta tarea", añade.

En un gran contraste, para la aplicación de sentencias, encarcelamiento y rehabilitación sólo se invirtió un 6.9% y para la prevención del delito un 3%, según el documento del entre económico internacional.

Además, señala que "en general" en El Salvador "hay poca coordinación y complementariedad entre las diversas instituciones que realizan acciones en materia de seguridad ciudadana tanto en el lado preventivo como en el resto de tareas del sector".

La falta de coordinación de las instituciones de justicia y seguridad puede favorecer "los elevados niveles de impunidad" en el país, ya que menos de un 12% de los delitos resulta en condenas, destaca el boletín. El estudio también señala que el país no tiene "estadísticas fiables y comparables" para medir la eficiencia del gasto en seguridad.

"El Salvador no cuenta con un sistema unificado de estadísticas de delitos que integre las denuncias y detenciones realizadas por la PNC (Policía Nacional Civil) y las denuncias de los ciudadanos a la FGR (Fiscalía General de la República)", según el documento.

Por otra parte, indica que, aunque destina un alto porcentaje a seguridad, El Salvador tiene uno de los niveles más bajos de gasto público general en América Latina y "cuenta con poco espacio fiscal que permita expandir los gastos generales de manera sostenible".

"Con un 22% del PIB, el gasto en El Salvador es uno de los más bajos de América Latina, muy por debajo del promedio regional (28%)", agrega.