El presidente de Amcham, Diego Vargas y el vicepresidente de ese organismo nicaragüense americano, cuyo vicepresidente es Roberto Sansón, Gerente General de Claro Nicaragua, al igual que el Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, que lidera José Adán Aguerri y otros organismos sociales afines se oponen a las reformas parciales de la Constitución Política al igual que la jerarquía de la Iglesia católica.

Sin embargo, pese a esas oposiciones y a la presencia de esos sectores importantes ante la comisión especial constitucional del parlamento que recibió los aportes respectivos sobre la iniciativa de reformas parciales de la Carta Magna, ayer la diputad del FSLN, Alba Palacio dijo que se espera que el primer dictamen esté listo en los próximos días para ser aprobado antes del 15 de diciembre en primera legislatura. La aprobación final de las reformas podría darse en el mes de febrero del 2014, lo cual indica que el FSLN está listo a cambiar el panorama y las reglas del juego político del país con las reformas de la Constitución en la cual se incluye la reelección presidencial basado en una resolución de la Corte Suprema de Justicia, CSJ del año 2010.

Todo indica que el sector privado agrupado en el COSEP, Amcham, y, otros representantes, ya entraron en contradicción insuperable con el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra sobre el tema político relativo a las reformas de la Constitución Política a pesar de que mantienen una eficiente coordinación en los temas de la economía y se les incluiría en la Carta Magna. Los sandinistas tienen mayoría en la Asamblea Nacional y pueden perfectamente cambiar la Constitución en forma parcial.El sector privado ha sostenido que la política le corresponde a los partidos políticos pero ahora cuando se da el cambio de la Constitución rechazan las variaciones.

Los de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense, AMCHAM, dirigida por Diego Vargas y Roberto Sansón, Gerente General de Claro Nicaragua, hicieron una encuesta entre sus afiliados que afirman en un 75.6% de los consultados que aseguran que las reformas de la Carta Magna afectarán el clima de negocios de Nicaragua.

Una publicación en diversos medios de la posición de Amcham señala que el objetivo de la consulta era “ayudar a la Junta Directiva a adoptar la posición de AmCham sobre la propuesta de Reformas Constitucionales”. Los dirigentes de Amcham enviaron varias preguntas a sus afiliados sobre la propuesta de reformas constitucionales. La encuesta señala en un 16% expresaron tajantemente su rechazo a las propuestas de Ortega. El 89.9% de los consultados aseguraron que no están de acuerdo con la propuesta que permitirá a Ortega emitir decretos con fuerza de ley, lo que restaría facultades a la Asamblea Nacional y rompería el equilibrio de poderes necesario en un sistema democrático.

Además, el 69% de los empresarios que respondieron el sondeo aseguraron estar en desacuerdo con que se elimine el porcentaje necesario para ser electo Presidente, lo que le permitiría a Ortega, en una futura elección, ser electo con una mayoría simple de los votos.

Sin embargo, el punto en el que los miembros de Amcham expresaron su mayor rechazo es el relacionado al papel cada vez más protagónico que la propuesta de Ortega da a los militares. El 82.2% de los consultados aseguró estar “totalmente en desacuerdo” con la propuesta que permite a los miliares ocupar cargos en instituciones y ministerios. Un rechazo similar expresaron los empresarios sobre los Gabinetes de la Familia, organizaciones políticas de control de barrio creados por la primera dama Rosario Murillo bajo lealtad al Frente Sandinista. El 72.2% de los consultados por Amcham está “totalmente en desacuerdo” con esta figura social organizativa.

Además, los empresarios también expresaron su rechazo al modelo de co-gobierno planteado por Ortega con el sector privado. Rechazan el modelo de “responsabilidad compartida” que propone Ortega a los empresarios. El 53% de los encuestados afirman su desacuerdo.

Por otro lado, el presidente del COSEP, José Adán Aguerri, dijo que la reforma de la Carta Magna, ha sido propuesta por el partido de gobierno, que puede aprobarla con el 60% de los votos. Para el sector privado, el escenario ideal hubiera sido que se tuviera más tiempo, más inclusión, que se hubieran utilizado los mecanismos que están establecidos, pero el escenario real nos enfrenta a una situación en la que se va a aprobar en diciembre en primera instancia, y a ratificarla en los 60 días posteriores al 9 de enero del 2014”, detalló.

Aguerri dijo que “hemos traído una posición que recoge nuestros principios, considerando este escenario real. Hemos traído nuestras posiciones alrededor de estos principios, y lo hemos hecho como sector empresarial, pero también como ciudadanos”.

“Hemos hablado de los principios para una Nicaragua más próspera y democrática, y esto es para nosotros importante, porque esta reforma afectará el futuro de los nicaragüenses. Considerando esta situación, y el esfuerzo que hemos realizado para que haya crecimiento y generación de empleo, nuestro primer mensaje es que este tipo de reforma no puede crear la incertidumbre que nos lleve en dirección contraria a los objetivos alcanzados”, sentenció.

Aunque está claro que el gremio empresarial no posee ni un solo representante en el hemiciclo, el COSEP no renuncia a lograr incidir en los cambios que se pretende introducir en la Carta Magna.

“Esperamos que las propuestas que entregaremos este viernes sean tomadas en cuenta”, considerando las ocasiones anteriores, en que los legisladores rechazaron las posiciones del sector privado en torno a la Ley de Escáneres y a la Ley del Canal.

“A posteriori, se tuvo que negociar una reforma a la Ley de Escáneres, y a posteriori se tuvo que crear una Comisión Técnica en la que ya participa el sector privado en el tema del Canal. Creemos que aquí tenemos la oportunidad de que sea a priori, y no a posteriori, cuando podamos llegar al momento en que se tomen en cuenta los planteamientos que hicimos”, finalizó.

El COSEP solicitó la creación “de una nueva Ley Electoral, el nombramiento de autoridades [del CSE] bajo criterios de idoneidad, ética y transparencia, y la conformación de un instituto de cedulación ciudadana, separado de la autoridad electoral”, a la salida de su cita con la comisión parlamentaria que dictamina la propuesta de reformas constitucionales.

“El Estado es responsable de organizar elecciones libres, justas y transparentes”… por eso, “antes que la reelección, estamos planteando que se necesita tener una nueva Ley Electoral, un nuevo CSE que cuente apropiadamente los votos, que las cédulas lleguen a los ciudadanos sin distingos políticos, y luego hablaremos de reelección o no”, justificó José Adán Aguerri, líder del empresariado del COSEP.

De paso, los empresarios lanzaron un salvavidas a los partidos políticos que aún se mantienen apenas a flote, al pedir que la Constitución reformada exprese claramente cuál es el rol que juegan los partidos políticos en la sociedad nicaragüense, tal como lo expresa en la actualidad.

“Desde el punto de vista interpretativo, el artículo 5 no dejaría claro el rol que tienen que seguir jugando los partidos políticos en este país. En el artículo 5 se elimina un párrafo que establece que los partidos deben tener incidencia en los ámbitos económico, social y político. Se nos aclaró que no es como lo estamos interpretando, pero queremos dejar sentado que los partidos políticos tienen que seguir jugando ese rol”, dijo Aguerri.