El parlamento venezolano comenzó la discusión de un proyecto para permitir más poderes especiales al presidente Nicolás Maduro, quien amparado en esas facultades ha hecho las promesas de una cruzada anticorrupción, señalada por la oposición como una cacería de brujas.

A solo 60 días de las cruciales elecciones municipales, Maduro hará el pedido personal de estos poderes a la Asamblea Nacional para hacer las leyes más pesadas contra la corrupción, pese a que le falta un voto para alcanzar la mayoría necesaria para que su solicitud sea aprobada, según prevé la Constitución.

El presidente hizo el anuncio el pasado viernes que también tomará su respaldo en este recurso para enfrentar la "guerra económica" contra su gobierno, en tiempos que el país padece una escasez de productos, de la cual se mantiene acusando a la oposición y a empresarios privados, y una inflación récord de 32,9% en lo que va del año.

"Le voy a ver el hueso (castigar fuerte) a quienes sabotean, porque nuestra patria no se merece esto", advirtió Maduro, quien aseguró que tiene lista su propuesta justificando la solicitud.

Para aprobar la denominada "Ley habilitante", que faculta al presidente a "dictar (...) decretos con fuerza de ley", son necesarias tres quintas partes, de los 165 diputados.

Después de que el gobernante hiciera el aviso a mediados de agosto que haría este pedido, la oposición ha informado que el gobierno realiza "presiones" entre los diputados opositores o independientes para alcanzar el voto que le falta.

Actualmente la justicia estudia enjuiciar, por pedido de la Fiscal general Luisa Ortega, a la diputada independiente María Mercedes Aranguren, acusada de cometer peculado doloso. La legisladora calificó el juicio como una "retaliación política" (ndlr: represalia) en su contra por negarse a votar la ley habilitante.