El Senado de Puerto Rico realizó ayer miércoles la segunda jornada de vistas públicas ante la esperada despenalización del consumo de marihuana en esta isla y escuchó a diversos expertos y aquellos interesados de la materia.

Entre ellos, la catedrática de la Escuela Graduada de Salud Pública de Puerto Rico Carmen Albizu, quien, según dio datos luego el Senado a través de un comunicado, señaló que sólo el 9 por ciento de las personas que consumen marihuana se convierte en dependiente de esta substancia.

"Con una droga legal que ha sido altamente promovida por quien la produce hemos logrado reducir dramáticamente el uso del tabaco", indicó como ejemplo de que un proceso similar puede conseguirse con la marihuana.

Por ello, "es un paso importante para elaborar una política de regulación responsable que mejore la salud y la convivencia", dijo ante un tema que topa la atención mediática en la isla caribeña durante los últimos días.

El responsable de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Salvador Santiago, hizo la defensa de la despenalización de la marihuana para uso personal y aseguró que "la preocupación mayor que tenemos es la de eliminar la cárcel por el uso casual de una sustancia como la marihuana".

Verónica Vélez, representante de la Sociedad para la Asistencia Legal, aseguró con esa opinión que una persona que termina en prisión por tener pequeñas cantidades de marihuana suele volver a prisión, por el efecto que en su persona ha tenido el paso por la cárcel.

El senador del Partido Popular Democrático (PPD) y coautor de la iniciativa, Ramón Luis Nieves, manifestó que es tiempo de terminar con el paradigma fracasado de la guerra contra las drogas. "Todo el mundo se queja de un problema como éste, pero al momento de plantear alternativas de cambio la gente dice no", lamentó.

El Senado de Puerto Rico acoge esta semana y la siguiente las vistas públicas organizadas para iniciar el debate de la despenalización de la tenencia de hasta una onza (28 gramos) de marihuana para los mayores de 21 años.

El senador Miguel Pereira, también del PPD, encabeza la iniciativa junto a Nieves para enmendar la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, de 1971, que establece penas de hasta 5.000 dólares de multa y tres años de prisión para quien, "a sabiendas o intencionalmente, posea alguna sustancia controlada".