Aún por el robusto crecimiento económico en años anteriores, Latinoamérica ha demostrado tener niveles de competitividad bajos y que, después de una ligera mejoría, ha vuelto a estancarse, según refleja el último Informe Global de Competitividad 2013-2014 del Foro Económico Mundial (FEM).
El documento, en el que el FEM hace la recolecta de las pautas globales de competitividad, señala como principales dificultades de la región "un funcionamiento débil de las instituciones, unas infraestructuras deficientes y la ineficacia en la asignación de factores de producción".
Esas deficiencias, que apuntan al conjunto de las economías latinoamericanas, son resultado de competencia de bajo nivel y de una brecha en materia de formación, tecnología e innovación, "que impide a muchas compañías y naciones avanzar hacia actividades de mayor valor añadido".
Chile -en el puesto 34º del ránking mundial- se mantiene a la cabeza de la clasificación regional, seguido de Panamá (40º), Barbados (47º), Costa Rica (54º) y México (55º), que se mantienen relativamente estables; aunque Brasil (56º) bajo hasta ocho puestos.
Unas instituciones fuertes, bajos niveles de corrupción, un gobierno eficiente y estabilidad macroeconómica son las fortalezas de Chile como país más competitivo de la región y que, según el informe, "goza de unas cuentas saneadas y bajos niveles de deuda pública".
"Sin embargo, la debilidad de su sistema educativo -sobre todo en materia de calidad- no proporciona a las empresas de una fuerza de trabajo con la formación necesaria para renovar su producción o embarcarse en proyectos innovadores", agregaron los autores del estudio.
"Han aumentado las dudas sobre la eficacia del gobierno, la corrupción y se ha perdido confianza en los políticos; además de que se ha avanzado poco en la mejora de las infraestructuras y de la educación"; detalla el FEM.
Venezuela es también otro máximo representante con drástica una caída de ocho puestos y es el país de la zona peor posicionado, en el puesto 134, debido a una fuerte inflación y un alto déficit público. Influyen también en esa valoración la "crisis institucional" que atraviesa, sobre todo en cuanto a eficiencia del gobierno, corrupción e independencia judicial.