actualizado 23 de mayo 2014    
Tribunal Supremo en pleno pide a Panamá extradición exPdte. Corrupto
El Gobierno salvadoreño quiere a Francisco Flores
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El ex gobernante por Arena, Francisco Flores, es investigado por un presunto acto de corrupción con dinero que ingresó al país proveniente de Taiwán.

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El Tribunal Supremo de El Salvador hizo la aprobación para pedir a Panamá la extradición del ex mandatario salvadoreño Francisco Flores, quien tiene una acusación por supuesta corrupción, aunque no se encuentra detenido en ese país.

La "Corte Suprema de Justicia aprueba dar trámite al proceso de extradición del expresidente Francisco Flores", anunció el órgano judicial a través de un comunicado, que especificó que la decisión contó con 12 votos a favor de los 15 magistrados de la Corte Suprema.

Desde hace varias semanas se encuentran circulando las versiones de políticos panameños y salvadoreños de que Flores, que gobernó El Salvador entre 1999 y 2004, se encontraría en Panamá, aunque las autoridades salvadoreñas han aceptado que desconocen su paradero.

El Supremo salvadoreño manifestó ayer jueves que la petición de "extradición activa" fue presentada por el juez Primero de Instrucción de San Salvador para ser dirigida por la vía diplomática a la autoridad competente de Panamá.

La misma tiene relación con el proceso penal contra el expresidente Flores "por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia de particulares, en perjuicio de la administración pública", de acuerdo a la información oficial.

El pedido de extradición fue recibido el pasado miércoles y fue "discutido y aprobado en menos de 24 horas por los 12 magistrados", subrayó el comunicado oficial. Flores, que gobernó por la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), está prófugo desde el pasado 6 de mayo cuando un tribunal de justicia ordenó su captura.

La Fiscalía levantó la acusación el pasado 30 de abril de peculado y enriquecimiento ilícito, por supuestamente haberse apropiado de 15 millones de dólares de la ayuda de Taiwán a su Gobierno, y por desobediencia por no comparecer de nuevo ante una comisión legislativa que siguen las investigaciones del caso.






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