Los legisladores republicanos respondieron de manera inmediata y agresiva a las intenciones de Obama
Lo único que estamos diciendo es que no vamos a deportarte", indicó Obama durante un discurso transmitido en directo por la página web de la Casa Blanca.
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WASHINGTON.— El presidente Barack Obama anunció ayer jueves una serie de medidas que otorgarán estatus legal, según cálculos extraoficiales, a 11 millones de inmigrantes no autorizados. Es la medida principal que ajusta la política migratoria norteamericana en treinta años, cuando Obama perdió el control sobre el Senado y la Cámara de Representantes en las pasadas elecciones legislativas.
Obama describió sus acciones como un enfoque sensato porque "la amnistía masiva sería injusta" y "la deportación masiva sería a imposible".
El mandatario dirigió una frase concisa a los republicanos que lo critican: "aprueben un proyecto de ley" y alegó que la negativa de la mayoría republicana en la cámara baja a votar un proyecto de ley migratoria aprobada por el Senado en 2013 causa un gran perjuicio a la nación.
Las medidas "no permiten la naturalización, ni dan el derecho a permanecer aquí permanentemente, ni conceden los beneficios que los ciudadanos (estadounidenses) reciben. Solo el Congreso puede hacer eso. Lo único que estamos diciendo es que no vamos a deportarte", indicó durante un discurso transmitido en directo por la página web de la Casa Blanca.
Dos altos funcionarios del gobierno estadounidense, quienes solicitaron anonimato para explicar las medidas antes de su anuncio formal, dijeron que hasta cuatro millones de personas podrían congelar su deportación y obtener permiso de trabajo válido por dos años si logran demostrar permanencia en Estados Unidos durante cinco años, la existencia de hijos estadounidenses o residentes permanentes y si se someten a una revisión de antecedentes criminales.
Los funcionarios enfatizaron que no será hasta el segundo trimestre de 2015 cuando el Departamento de Seguridad Nacional comenzará a recibir solicitudes, las cuales tendrán un costo de 465 dólares.
Quienes resulten amparados por las recientes medidas migratorias podrán optar a permisos de trabajo renovables cada dos años, por lo que deberán pagar impuestos sobre los ingresos que perciban.
La Casa Blanca ya había suspendido en 2012 las deportaciones de cerca de 600.000 inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos sin autorización cuando eran niños.
Alrededor de 300.000 personas más podrán obtener ahora el estatus legal temporal gracias a que este programa (conocido por sus siglas en inglés como DACA) eliminará el requisito de 30 años como edad máxima. Además, expandirá la fecha permitida de ingreso a Estados Unidos desde junio del 2007 a enero del 2010.
Los funcionarios explicaron que los padres de este grupo, conocidos en Estados Unidos como "dreamers", harán parte de las aproximadamente cinco millones de personas excluidas del amparo migratorio presidencial.
Otra modificación importante girará alrededor del programa Comunidades Seguras, que involucra a los policías locales en la aplicación de las leyes de inmigración.
Los funcionarios señalaron que las policías locales seguirán notificando a las autoridades migratorias cuando arresten a un inmigrante sin autorización, pero que de ahora en adelante el Departamento de Seguridad Nacional solo procederá a iniciar su proceso de deportación sólo de quienes hayan cometido delitos graves o numerosos delitos menores, actos terroristas, pertenezcan a pandillas o representen una amenaza a la seguridad del país.
También será prioritaria la deportación de quienes ingresaron este año ilegalmente a Estados Unidos, incluyendo a las decenas de miles de menores centroamericanos que llegaron a la frontera sur a mediados de año sin que los acompañara un adulto.
Otras medidas incluirán facilitar la obtención de visas de trabajo a quienes hayan cursado carreras tecnológicas en universidades estadounidenses y la reunificación de familiar de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes con cónyuges e hijos.
Se reducirán además los requisitos para obtener una exención a un apartado de la ley migratoria vigente, el cual obliga a permanecer una década fuera de Estados Unidos a quienes gestionan una residencia permanente tras haber ingresado al país sin autorización.
Los legisladores republicanos respondieron de manera inmediata y agresiva a las intenciones de Obama. El próximo presidente del bloque mayoritario en el Senado, el republicano Mitch McConnell, advirtió que el "Congreso tomará medidas" para detenerlo.
