Los empleados públicos que colaboraran en la difusión de la campaña podrían ser acusados de un delito de desobediencia tras la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional.
Foto Archivo
BARCELONA - El gobierno regional catalán tomó la decisión de suspender la campaña institucional del referéndum independentista que se convocó para el 9 de noviembre, pero hizo la advertencia de que "la partida no ha acabado".
Después de firmar la convocatoria de la compulsa el pasado sábado, el presidente catalán, Artur Mas, comenzó a poner en marcha una campaña institucional haciendo el llamado a votar el 9 de noviembre.
Después de que el Tribunal Constitucional suspendió el pasado lunes la consulta al admitir el recurso presentado por el gobierno de Mariano Rajoy, el gobierno catalán decidió suspender de manera "cautelar y temporal" la campaña, dijo el vocero, Francesc Homs.
La campaña institucional, que tiene el lema "9-N tú decides", tenía inserciones publicitarias en prensa, radio y televisión catalanes y una web propia. Mas anunció que estará recurriendo esta semana a la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional y pedirá el levantamiento de su suspensión.
"No se puede considerar que la partida ha acabado, justamente al contrario", dijo Homs.
El portavoz catalán explicó que el motivo de la suspensión de la campaña institucional se debe a que "no podemos poner contra las cuerdas a funcionarios de la administración de la Generalitat (gobierno catalán) o particulares".
Los empleados públicos que colaboraran en la difusión de la campaña podrían ser acusados de un delito de desobediencia tras la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional.
Rajoy exigió hoy de nuevo a Mas que cumpla la ley: "La primera obligación de los gobernantes es cumplir la ley. Las leyes no se violan, se cambian", afirmó.
El presidente le insistió en que no tiene competencia para convocar el referéndum independentista: "No se trata de votar o no, sino de que todos los gobernantes tienen obligación de cumplir la ley".
La consulta sobre la independencia de Cataluña solo sería legal si en ella participasen todos los españoles, según la Constitución.
