De acuerdo a expertos defensores de derechos humanos, comunicadores comunitarios y académicos de Centroamérica, Colombia, España, México, Uruguay y Países Bajos, la labor periodística, es fundamental para evitar el desarrollo del narcotráfico, crimen organizado, corrupción, etc.
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La región centroamericana es bastante débil en cuanto a los temas de políticas públicas requeridas para que exista el derecho la libertada de comunicación, según los defensores de derechos humanos, comunicadores comunitarios y académicos de Centroamérica, Colombia, España, México, Uruguay y Países Bajos.
El grupo de expertos están desde ayer lunes en Tegucigalpa discutiendo los temas de la comunicación a través de un encuentro de alto nivel.
Uno de los llamados a los Gobiernos es seguir combatiendo el narcotráfico y el crimen organizado que tienen con bastante riesgo la libertad de prensa, y dar paso a la creación de leyes que brinde libertades a los periodistas de la comunidades.
En el istmo “faltan políticas públicas que permitan que la ciudadanía goce de ese derecho como es la comunicación”, dijo el director de la Fundación Comunicándonos de El Salvador y representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-Centroamérica), Óscar Pérez.
Por su parte el representante de la AMARC llamó la atención de los Estados de la región para que creen “un marco jurídico donde puedan funcionar con equidad las radios y televisoras comunitarias, ya que nuestras leyes de telecomunicaciones no reconocen a la radiodifusión comunitaria”.
Las leyes de telecomunicaciones y las políticas públicas que tienen algunas naciones centroamericanas “están hechas fundamentalmente pensando y viendo a la comunicación como una mercancía”, externó el experto salvadoreño.
Según Pérez, en la región “no existe una legislación favorable y equitativa” para certificar el derecho a la comunicación.
Los periodistas y defensores de derechos humanos esperan “trazar la ruta para seguir reivindicando el derecho a la comunicación en Centroamérica, articular esfuerzos entre defensores de Derechos Humanos, medios y periodistas comunitarios para seguir trabajando por una legislación que favorezca a la radio difusión comunitaria”, subrayó Pérez.
El director de Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad colombiana de La Sabana, Juan Carlos Gómez, estuvo a la par de Pérez opinando que los grupos de derechos humanos “deben trabajar más para hacer respetar la legislación” que garantice la libertad de expresión y el derecho a la comunicación en la región.
Destacó que Centroamérica y Colombia “vivimos realidades cercanas”, porque en los dos puntos las acciones del crimen organizado, el narcotráfico y los partidos políticos, son los principales agentes que “amenazan” el ejercicio del periodismo.
“En Colombia los problemas de libertad de prensa están originados por grupos violentos, el narcotráfico, partidos políticos y bandas criminales (…) y este tipo de circunstancias es lo mismo en todos los países de Centroamérica”, señaló Gómez.
Además llamó a los Gobiernos de la región a “regular” la presión de los cárteles de la droga y el crimen organizado al permitir la libertad de prensa.
El 73 % de los comunicadores/periodistas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua estima que “la libertad de prensa en la región se encuentra amenazada”, señaló Cristancho, al hacer referencias del informe “Entre la Censura y la Discriminación”, realizado por la AMARC-Centroamérica.
