Aguerri del COSEP preocupado por seguridad jurídica por lo de Arcia
Y habla del debido proceso
Redacción Central
En la foto José Adán Aguerri, Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP.
Foto El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, José Adán Aguerri se solidarizó con el empresario Milton Arcia en un comentario público . Arcia tiene problemas con el Estado por asuntos de propiedad desde que le fue asignada una propiedad comunal en el antiguo Malecón y le entregaron otra en Mayogalpa que fue quitada con tractores el pasado viernes santo. El presidente del COSEP, José Adán Aguerri, dijo textualmente en su comentario lo siguiente:
El Viernes Santo todos los nicaragüenses fuimos sorprendidos por la noticia del uso de la fuerza para detener al empresario Milton Arcia y para demoler totalmente su propiedad en la Isla de Ometepe; quedando como ciudadano y empresario totalmente indefenso y desprotegido.
Desde COSEP esa actuación la rechazamos el mismo sábado a través de un posicionamiento público donde expresamos nuestra preocupación por esta acción ya que fue ejecutada en forma “arbitraria e ilegal” afectando derechos constitucionales que son fundamentales para la seguridad jurídica que requiere la inversión nacional e internacional.
Lo que debemos señalar primeramente es la clara inobservancia de un Debido Proceso que permitiera desarrollar o iniciar un proceso administrativo y/o judicial, en correspondencia ejercer el mínimo derecho a la defensa, y resolver el caso conforme derecho.
Este es un mensaje negativo para los ciudadanos en general y para los empresarios en particular ya que transmite un menosprecio a la ley y a los derechos de los ciudadanos por los funcionarios de gobierno y policías involucrados, y un uso de la fuerza gubernamental sin límite alguno que avasalla y atropella; situación que se aparta del camino de diálogo y consenso que nosotros abanderamos como ruta para el desarrollo democrático de nuestro país.
Los principios que rigen a COSEP hemos insistido desde el 2007, son los que guían nuestra acción gremial empresarial, y es por ello, que siempre hemos planteado nuestro compromiso para fortalecer la institucionalidad democrática y el desarrollo económico y social del país, porque estamos conscientes que esta es la forma de construir una nación más inclusiva, justa y equitativa, que impulse la democracia política, social y económica que todos anhelamos.
La defensa del Estado de Derecho y la propiedad privada se insertan en ambos pilares básicos de nuestro quehacer gremial, y por eso los defendemos sin vacilación alguna y exigimos que los poderes y los funcionarios públicos actúen bajo el principio de legalidad en estricto apego a la Constitución y las leyes. Ningún Poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario pueda arrogarse autoridad, facultad o jurisdicción que la Ley Superior y las Leyes ordinarias no le hayan otorgado.
En este nuevo caso con el señor Arcia, no conocemos de ningún mandato administrativo o judicial que avale legalmente el actuar desproporcionado de miembros de la Policía y trabajadores estatales. No ha habido respeto alguno a un Debido Proceso que es fundamental para la defensa de derechos constitucionales y legales; lo cual envía una señal de alarma en relación a la seguridad jurídica de las inversiones privadas en el país.
En segundo lugar no menos importante es el irrespeto observado a la Constitución Política en relación a los Derechos Individuales, referido a la igualdad que tenemos todos ante la ley y el derecho a igual protección de las autoridades. En este caso no se observó, a pesar de que el texto constitucional en forma clara establece que “nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria”, ya que este fue ultrajado y detenido según lo que se pudo observar en el video presentado en las redes sociales.
En tercer lugar la Carta Magna en forma expresa tutela el Derecho de Propiedad, siendo una responsabilidad del Estado “garantizarla y estimularla”, solamente limitada por “causa de utilidad pública o de interés social”, y sólo en esas circunstancias y bajo las reglas de un debido proceso, es que puede ser afectada; principios que conllevan a que en nuestro país prohíba la confiscación y que los funcionarios que la infrinjan deban responder directamente por tales hechos. Lo cual en este caso tampoco se tuteló debidamente.
Nuestra posición gremial es que la propiedad privada es inviolable; que sin respeto a la propiedad privada y a los derechos individuales no puede haber empresas ni empresarios seguros que trabajen con ahínco para generar prosperidad; y que sin un debido proceso administrativo y/o judicial, no puede haber seguridad jurídica para trabajar y construir la Nicaragua democrática que todos ansiamos.
Hacemos un llamado al Gobierno para que en Nicaragua sin excepción alguna prevalezca el respeto al Debido Proceso, evitando así el abuso del poder y de la fuerza, que se resuelva el caso del señor Arcia justamente, y para que situaciones como esta no vuelvan a repetirse por el daño que causan en la confianza de los ciudadanos y de los inversionistas que tanto esfuerzo ha costado restablecer.
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