Agreden a jueza y personal de juzgados en el Oriental cuando ejecutaban sentencia
Jueza Quinto de Distrito de Ejecución y Embargos de Managua, Doctora Cristián Olivas, agredida con su personal
Redacción Central 
La Dra. Cristian Olivas Vílchez, al momento de interponer la denuncia ante el comisionado Salvador López, jefe de de detectives de la delegación policial del Distrito 4.Foto Cortesía Momentos de tensión y angustia vivieron este jueves 27 de agosto la doctora Cristian Olivas Vílchez, Jueza Quinto de Distrito de Ejecución y Embargos de Managua y el personal del Juzgado que la acompañaba a ejecutar un desalojo en “La Casa del Rin Ocaña Pérez”, ubicada en el Mercado Oriental.
La judicial intentaba cumplir con un mandamiento proveniente del Juzgado Quinto de Distrito Civil de Managua, que ordenaba el desalojo de la propiedad para responder por una deuda contraída por los propietarios de ese negocio con una institución financiera.
“A las 9 y 30 minutos de la mañana llegué a la Casa del Rin protegida por tres agentes de la Policía y procedí a requerir a doña Emérita Ocaña Pérez. Dentro del negocio leí el mandamiento pero rápidamente se fueron alterando los ánimos de los que ahí se encontraban y mientras explicaba el acto personas identificadas como familiares comenzaron a amenazarme y a alterarse, quedamos atrapados, no hubo tiempo de nada”, relató la judicial, visiblemente nerviosa.
La doctora Olivas Vílchez narró que las mismas personas luego “procedieron a bajar las puertas de hierro para evitar que se produjera el desalojo y tiraron gases de extinguidores que nos dejaron sin visibilidad”, dijo la judicial ante las autoridades del Distrito Cuatro de la Policía Nacional, al interponer la denuncia por el delito de Obstrucción de Funciones.
“En lo personal, a mí me provocó dolor de cabeza y dificultad para respirar, les dije que estaban cometiendo un delito, un secuestro y minutos después fue cuando nos sacaron por una puertecita”, agregó la jueza, precisando que apareció un hombre diciendo que era abogado de la familia de nombre Omar Vílchez, quien no quiso identificarse y más bien se dedicó a agitar a unas 50 personas, en su mayoría mujeres, que se apostaron frente al negocio donde armaron un gran alboroto.
“El secuestro se da como una medida de presión para atemorizar al juez y que éste no pueda llevar a cabo la ejecución del mandamiento judicial, es un riesgo, porque la parte que está adentro (del inmueble) no quiere que lo desalojen, necesitamos más apoyo policial, porque la población también merece respuesta y tenemos que dársela”, añadió la doctora Olivas.
Fueron “de ocho a diez minutos los que estuvimos secuestrados, pero se hicieron horas, por lo que vivimos. Cuando vamos a un desalojo sabemos que está en riesgo nuestra vida, pero tenemos que cumplir con nuestro deber”, añadió la jueza.
El edificio de “La Casa del Rin”, donde un grupo de personas obstruyeron la justicia. Sandra Luna Romero, secretaria judicial que resultó afectada, expresó: “Desde que llegamos una señora de nombre Sandra Pérez, que no era familiar de la demandada, nos comenzó a agredir verbalmente. Ella dijo que no habría desalojo, fue ahí cuando cerraron la puerta metálica, estábamos adentro, tiraron una cortina de humo blanco y me comenzaron a arder los ojos, se me pusieron llorosos y no podía ver, hasta que bajó el humo comenzamos a salir, pero todavía siento que me arde la vista”.
Los funcionarios de los Juzgados de Ejecución y Embargos que acompañaban a la Jueza Olivas Vilchez para ejecutar el desalojo fueron Vicente Molina, Sandra Luna, Saúl Ortega y Ronald Pérez, éste último resultó con golpes en su pierna izquierda.
Esta es la segunda vez en el año que la judicial --junto a su personal-- enfrenta una situación de riesgo, el primero se produjo el ocho de mayo cuando quedaron en fuego cruzado al momento en que dos familias se disputaban una propiedad, obviando el mandato judicial.
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