Según los representantes del grupo de campesinos que no quiere el Canal, los dueños de estos terrenos están dispuestos a “perder hasta la vida” de ser expropiados. Buscan mediación del Cardenal Brenes.
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Un representante de la embajada de Estados Unidos en Nicaragua hizo la recepción ayer martes de un grupo de propietarios de tierras que serían removidos de sus terrenos para permitir el pase del proyecto del Canal Interoceánico.
"Muchas personas no quieren vender sus propiedades y nosotros no queremos más brotes de violencia", aseguró Octavio Ortega, uno de los dirigentes del grupo que organizó y llevó a cabo violentos choques la mañana del 24 de diciembre contra la Policía Nacional, tras un fuerte desalojo.
Ortega aseguró que estarán realizando una jornada de seis visitas a embajadas acreditadas en Managua, dando inicio ayer martes con la embajada estadunidense. Agregó que no estarán aislándose a un lado de los enfrentamientos en los tranques aunque continuarán la "estrategia de la lucha cívica", declaró.
En representación de los campesinos que serían expropiados, Ortega agregó que solicitarán la mediación del Cardenal Leopoldo Brenes, Arzobispo de Managua, para hacer la solicitud de un "diálogo nacional" con el mandatario Daniel Ortega.
Una fuente interna del grupo de personas que no quieren el inicio de la construcción de la mega obra del canal interoceánico, advirtió que las protestas se estarían esparciendo a otros departamentos de Nicaragua.
Para dialogar habría que cambiar la Constitución
Un detalle importante sobre las demandas de los campesinos que no quieren que pase el canal por su territorio se encontrarán con un obstáculo legal grande ya que el megaproyecto se encuentra en la Constitución de Nicaragua. Si los campesinos quieren dialogar con Ortega, este seguramente les dirá que si quieren diálogo, tendrán que hablar primero con los diputados de la Asamblea Nacional, para que cambien la ley constitucional. En el artículo 102 reformado parcialmente de la Carta Magna este año 2014 , edición que ya está editada por la Corte Suprema de Justicia, CSJ, en el artículo 102 se afirma que “Los recursos naturales son patrimonio nacional. La preservación del ambiente y la conservación, desarrollo y explotación racional de los recursos naturales corresponden al Estado; este podrá celebrar contratos de explotación racional de estos recursos, cuando el interés nacional lo requiera, bajo procesos transparentes y públicos.
Dada la ventajosa posición geográfica del país, a través de Ley, el Estado podrá celebrar contrato u otorgar concesión para la construcción y explotación racional de un canal interoceánico, las cuales deberán considerar cuando se trate de inversión con empresas extranjeras, la conformación de consorcios con empresas nacionales para promover el empleo. Las leyes de la materia para su aprobación, reforma, o derogación, requerirán el voto del sesenta por ciento del total de Diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua”. Ese es el texto íntegro de la reforma parcial de la Carta Magna del año 2014 en lo relativo al megaproyecto canalero que inició el 22 de diciembre del 2014 oficialmente.
