Magistrado Aguilar afirma que ley de seguridad soberana es para pandillas, maras y ciber delito
Magistrados Rafael Solís y Marvin Aguilar exponen rasgos principales de la iniciativa de ley y la respaldan
Por Raúl Arévalo Alemán
Foto La Corte Suprema de Justicia, CSJ, compareció ayer a la consulta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos con la presencia de los magistrados doctores Rafael Solís Cerda y Marvin Aguilar García para respaldar en forma total la iniciativa de Ley de Seguridad Soberana. El Presidente en funciones del poder judicial, doctor Marvin Aguilar García, dijo que “La iniciativa de Ley de Seguridad Soberana refleja el espíritu de nuestra Constitución Política al establecer una designación de soberanía amplia que responde a un pensamiento de avance social”. El anteproyecto de ley contempla derogar la ley 750 , Ley de Seguridad Democrática , que está en vigencia desde el 23 de octubre del 2010. Fue enviada por el presidente Daniel Ortega Saavedra desde el 6 de octubre pasado.
Los magistrados comparecieron también ante las comisiones de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional . El doctor Marvin Aguilar García destacó que una de las reformas que presenta esta iniciativa de ley es el cambio de nombre a la actual Ley 750, por el de Ley de Seguridad Soberana.
“El término de Seguridad Soberana constituye el aseguramiento interno y externo del Estado y la sociedad nicaragüense, porque no se puede concebir una soberanía sin que ésta se revista de la seguridad que hace efectiva la misma”, explicó el funcionario judicial.
El magistrado Marvin Aguilar dijo que “este poder del Estado considera que la presente iniciativa de Ley de Seguridad Soberana forma una adecuación a las reformas constitucionales del año 2014”.
“Esta iniciativa de ley era necesaria y consecuente con la nueva perspectiva del desarrollo social, político, cultural y económico que impulsa el gobierno, misma que abarca fortalecer al Estado, la familia, la sociedad, la comunidad y todos los sectores económicos, haciendo con ello un solo frente de soberanía”, enfatizó el magistrado de la CSJ.
El doctor Aguilar García agregó que “las reformas constitucionales del año 2014 establecen en su artículo 1 y 2 en sus Principios Fundamentales la “soberanía nacional” como un derecho irrenunciable del pueblo y fundamento de la nación nicaragüense”.
“La soberanía reside en el pueblo y se ejerce a través de instrumentos democráticos decidiendo y participando en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político, cultural y social del país”, agregó el funcionario judicial.
El magistrado Aguilar García expresó que “la iniciativa en su mayoría incorpora lo establecido en la Ley 750 como elementos de seguridad nacional, democrática y ciudadana. Sin embargo, el funcionario dijo que la nueva propuesta “es más integral”.
La nueva iniciativa de Ley de Seguridad Ciudadana incluye dentro de las definiciones del articulo cinco, lo que se debe entender como seguridad soberana, seguridad ciudadana, riesgos a la seguridad soberana, amenaza a la seguridad ciudadana y política de defensa y seguridad, que son consecuentes con el ámbito que se amplió y modificó en la ley 750, señaló.
Destacó que la iniciativa de ley en su artículo siete y ocho regula los riesgos y amplía las amenazas en aspectos que son consecuentes con el entorno y realidad de la nación, como es el ingreso y expansión de las organizaciones criminales de pandillas y maras.
“Acertadamente la iniciativa de Ley de Seguridad Soberana establece no solo instancias de coordinación y cooperación, sino de control que se depositan en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial”, precisó el magistrado Aguilar García.
El presidente en funciones de la CSJ dijo que en el artículo 17 de la iniciativa de ley la determinación de la política de seguridad soberana establece una amplia consulta de consenso nacional, lo que permite magnificar la democracia.
“Es una iniciativa con visión de futuro globalizado a las nuevas amenazas de los delitos transnacionales y consideramos que se necesita una ley de ciber delito que ya se hace mención dentro de ésta iniciativa en su artículo ocho, al referirse a la seguridad cibernética que afecte o altere las comunicaciones”, finalizó el presidente en funciones, doctor Marvin Aguilar García.
Esta propuesta recoge en un 90 por ciento la Ley de Seguridad Democrática, la que será derogada una vez se apruebe la normativa en consulta.
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