Campesinos y opositores discutieron fuertemente ayer en el hemiciclo parlamentario sobre la Ley 840, del Proyecto del Gran Canal Interoceánico.
Foto F. Reyes La sesión parlamentaria de ayer por la mañana estuvo bastante agitada, la manzana de la discordia fue la petición introducida por campesinos para que le Ley 840, del Proyecto del Gran Canal Interoceánico, sea derogada. El pedido había sido introducido en la juta directiva parlamentaria.
La petición para derogar dicha ley canalera introducida con miles de firmas de respaldo no tuvo lugar a ser discutida a pesar que los diputados estuvieron en el punto de ‘Varios’ de la agenda del Congreso, fue entonces que la jefa de bancada del opositor Partido Liberal Independiente (PLI), María Eugenia Sequeira, protestó al respecto.
Los legisladores opositores abandonaron el hemiciclo parlamentario ayer durante la mañana. Los representados por Sequeira decidieron dejar sus curules gritando improperios a los legisladores oficialistas y aliados, en reclamo por la no discusión a la iniciativa de los campesinos que rechazan el Mega Canal Interoceánico.
El diputado independiente Wilfredo Navarro, aclaró que la junta directiva parlamentaria y no sólo la primera secretaria Alba Palacios, decidió rechazar el anteproyecto en contra de la ley a favor del Canal Interoceánico que atravesaría el país.
La explicación de Navarro es que la Ley 840 ya fue “juzgada” desde la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo que imposibilita al Congreso recibir el anteproyecto de ley derogatorio de los campesinos. El diputado manifestó que la junta directiva revisó el anteproyecto y observó que el Poder Judicial había acordado un recurso de amparo que presentaron los legisladores del PLI contra dicha ley.
Fue en el año 2013 cuando la Sala Constitucional no aceptó los recursos y lo declaró “cosa juzgada”, recordó el político a Sequeira. En el artículo 21 de la Ley de Amparo establece que "una vez que la CSJ declara la constitucionalidad de una ley no hay forma de anularla".
Miles de campesinos firmaron un anteproyecto de ley para derogar la ley 840 del proyecto canalero, que ha provocado una profunda fricción entre los políticos de Nicaragua.
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