Rousseff denuncia golpe de estado de diputados
No es un impeachment, sino un golpe de Estado y una tentativa de elección indirecta, sostiene presidenta brasileña
Cables
Foto BRASILIA.— La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, denunció este martes aquí que el proceso iniciado contra ella por la Cámara de Diputados no es un impeachment, sino un golpe de Estado y una tentativa de elección indirecta.
Es un golpe, porque está revestido de un pecado original: no tiene base legal que caracterice un crimen de responsabilidad (como el que se le atribuye), dijo la jefa de Estado en conferencia de prensa.
Este proceso se inició por explícita venganza y con explícito desvío de poder, subrayó Rousseff, quien señaló que el titular de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha aceptó el pedido de impeachment, tras la negativa de legisladores del gobierno a frenar su enjuiciamiento por el Consejo de Ética de esa Casa.
No es un juicio político, sino una tentativa de elección indirecta impulsada por grupos que de otro modo no llegarían al poder, sostuvo y deploró además el hecho de ser “víctima de todo un proceso de medias verdades”.
Rousseff comentó, que la figura del impeachment, contemplada en la Constitución, se convirtió en un instrumento contra todos los presidentes brasileños electos después de recuperar la democracia. Ninguno dejó de enfrentar acciones de este tipo en el Congreso Nacional, dijo.
Advirtió, además, que este proceso no va a devolver la estabilidad política al país, porque rompe las bases de la democracia. Interrogada al respecto, consideró también que el procedimiento de destitución al cual se enfrenta tiene un fuerte componente en el hecho de ser la primera mujer presidenta del país.
Lamento profundamente el gran preconcepto contra la mujer existente y según el cual esta tiene que ser vista como algo frágil, subrayó. Refiriéndose a la operación Lava Jato, manifestó que esta fue posible por medidas adoptadas por su gobierno y los de Luiz Inácio Lula da Silva, que fueron en definitiva los que descubrieron, revelaron y sacaron a la luz el fenómeno de la corrupción, el cual no surgió ahora, sino permanecía escondido debajo del tapete, aclaró.
Dilma Rousseff enumeró todas las acciones desestabilizadoras enfrentadas desde el inicio de su segundo mandato y que fueron desde un inusitado pedido de reconteo de votos, hasta lo que definió como prácticas absolutamente condenables de las “pautas-bomba”, las cuales entre otras cosas inviabilizaron el robustecimiento fiscal del país.
Mientras tanto el Senado inició ayer la tramitación del pedido de juicio político.
La comisión tendrá 42 integrantes (21 miembros plenos y otros tantos suplentes) y se conformará según la proporción de las bancadas de los partidos o bloques partidarios.
De acuerdo con el procedimiento establecido, una vez definidos los integrantes de la comisión especial del Senado, estos tendrán un plazo de 48 horas para elegir a su presidente y al relator, lo que deberá acontecer la próxima semana debido al feriado nacional del 21 de abril.
A partir de entonces, el grupo de trabajo tendrá diez días para presentar un informe sobre la admisibilidad o no del procedimiento, el cual será votado en el seno de esta y analizado también por el pleno del Senado, cualquiera sea el resultado.
En ambos casos, para su aprobación se requerirá solo la mayoría simple.
De admitirse la apertura del juicio político, lo cual se estima pudiera quedar definido entre el 10 y el 11 de mayo, la Presidenta será notificada y apartada del cargo por un periodo máximo de 180 días para que los senadores concluyan el proceso.
Si se llegara a esta instancia, las sesiones serían encabezadas por el Presidente del Supremo Tribunal Federal y la aprobación de la casación del mandato de la jefa de Estado requeriría el apoyo de dos tercios (54) de los miembros del Senado.
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