Foto “En Brasil se está gestando un golpe de estado disimulado en contra de la presidenta Dilma Rousseff”, afirmó tajantemente el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, doctor Francisco Rosales Argüello, en su calidad de vicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), al analizar la situación que vive ese país sudamericano.
“No hay ningún agravio para el Estado ni para la nación brasileña; no hay ningún enriquecimiento por parte de la presidenta, no hay ningún cargo penal”, afirmó el doctor Francisco Rosales Argüello.
El domingo pasado la Cámara de Diputados votó a favor de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y ahora el Senado de ese país tiene en sus manos aprobar la destitución. En principio 21 senadores conformarán la comisión que estudiará el proceso de destitución y en la semana del 9 de mayo 81 senadores decidirán si aceptan o no el proceso de impeachment.
La presidenta Rousseff del Partido de los Trabajadores (PT), fue reelegida en octubre de 2014 y desde entonces sectores de la derecha han promovido una campaña de desestabilización.
El pedido de impeachmet se basa en presuntas manipulaciones de las cuentas públicas hechas por Rousseff.
“No hay ningún agravio para el Estado ni para la nación brasileña; no hay ningún enriquecimiento por parte de la presidenta, no hay ningún cargo penal. Lo que hay es un caso de injusticia notoria sobre la base de que el Parlamento puede iniciar un juicio político, pero sin cargo alguno”, expresó el vicepresidente de la Copppal.
“Ante esa situación esperamos que los movimientos sociales de Brasil y de América Latina puedan fortalecer la posición de la presidenta Dilma Rousseff y parar el golpe de Estado”, dijo el vicepresidente de la conferencia de partidos políticos.
El doctor Rosales Argüello hizo referencia que la Copppal ha rechazado el golpe en marcha contra la presidenta de Brasil en su reciente comunicado.
El comunicado de Copppal expresa su preocupación y rechazo por la puesta en marcha de un golpe institucional contra el gobierno de la República Federativa de Brasil, que conduce la Presidenta Dilma Rousseff, del Partido del Trabajo (PT).
“El golpe institucional en Brasil es un hecho que afecta a toda la región, así como la afectó lo ocurrido en Honduras en 2009 y en Paraguay en el 2012, donde poderes no electos por el voto popular intercedieron para afectar la estabilidad democrática y los procesos de integración a favor de sus propios intereses”, dice el manifiesto.
El comunicado reconoce que “América Latina promueve una integración regional sin precedentes, con plena autonomía y determinación; es la región que en los últimos quince años, mediante gobiernos nacionales y populares ha implementado medidas que contribuyeron con una más justa redistribución de la riqueza, la lucha contra la pobreza y la generación de empleo”.
“Muchos sectores concentrados de las economías ligados a corporaciones judiciales y mediáticas, no perdonan a los gobiernos transformadores de la Patria Grande, que hayan avanzado en la eliminación de múltiples deudas pendientes que aquejaban a nuestros pueblos, y sobre todo a los sectores socialmente más vulnerables”, señala el documento de la Copppal.
“Copppal rechaza todo intento desestabilizador para socavar la democracia, las libertades y la legitimidad del voto popular”, afirma el comunicado.
“La Copppal conocedora de que la conspiración puesta en marcha contra la administración de PT, pretende ir más del Brasil y alcanzar a los países de la región en los que gobiernan partidos progresistas, estará alerta para enfrentar junto a sus más de sesenta partidos cualquier intento por desconocer las expresiones del voto popular”, indica.
“El avance hacia un golpe institucional en Brasil merece el más profundo rechazo de todos los partidos miembros de esta organización”, finaliza el comunicado de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe.
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