Fueron nombrados también con los 109 votos de parlamentarios opositores Enrique Pérez como primer vicepresidente y José Simón Calzadilla como segundo vicepresidente. El nuevo secretario propuesto corresponde al abogado Roberto Marrero, y sub secretario especialista en política José Luis Cartaya. Durante la elección de la nueva junta directiva no estuvieron presentes 3 diputados de oposición que fueron interpelados en el Tribunal Supremo. La primera dama y diputada Cilia Flores dijo a simpatizantes que tomaron las calles que el partido oficialista obtuvo un primer round ganado ya que se logró que la Asamblea Nacional acatara la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que ordenó el pasado 30 de diciembre suspender de manera preventiva e inmediata” la proclamación de los cuatro diputados elegidos por el Estado de Amazonas (sur del país), tres opositores y un chavista, cuando se hizo impugnación por el partido Socialista Unificado de Venezuela, PSUV.
La esposa del presidente Nicolás Maduro dijo: “Logramos que se cumpliera la sentencia del TSJ, logramos que se acatara esa decisión (…), nosotros hicimos respetar al poder judicial dentro de la Asamblea”, expresó.
Por otro lado los seguidores de la Mesa de Unidad Democrática, MUD, que aglutina a los principales partidos que la conforman como Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Acción Democrática (AD), expresaron su sentir ante los nuevos acontecimientos políticos y nuevo parlamento. Las calles de Caracas fueron escenario de movilizaciones ambos partidos que asumen la mayoría cameral.
El nuevo titular de la unicameral Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado opositor Henry Ramos Allup, ya tiene listo un plan de seis meses en el cual se generarán más contradicciones en la dividida y polarizada nación petrolera. Los opositores tienen planes de sacar del poder presidencial a Nicolás Maduro en seis meses en el cual se decidirá la “salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este gobierno”, lo que, junto con una Ley de Amnistía a favor de “presos políticos”, son “compromisos no transables”, remarcó en su primer discurso tras ser investido como jefe del legislativo.
Las fuerzas opositoras han anunciado que sus dirigentes acordaron en julio pasado darse a partir del 5 de enero un lapso de medio año para definir “la vía constitucional” para una salida anticipada del poder de Maduro, elegido en 2013 para un período que vence en 2019.
Para ello se barajan varias opciones de salidas legales.
Las opciones para eso, recordó, son el referendo revocatorio del mandato presidencial —puede activarse cuando Maduro cumpla en julio la mitad de su gestión—, la enmienda constitucional, la renuncia voluntaria del gobernante o el establecimiento de una Asamblea Constituyente.
Según el diputado Julio Borges, la primera prioridad es aprobar una Ley de Amnistía y Reconciliación “para que no haya exiliados ni procesados ni presos políticos para que nadie sea preso por pensar de manera distinta en Venezuela”.
Luego viene una Ley que le otorga derecho de propiedad a la gente beneficiaria de la misión vivienda; en tercer lugar una Ley que otorga a tres millones de pensionados un bono de medicinas y alimentos y en cuarto lugar una Ley de producción nacional, para trabajar millones de hectáreas sin producir alimentos y 1,200 fábricas expropiadas que no producen alimentos bajo administración del Estado.
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