Mauricio Funes, ex presidente de El Salvador.
Foto Un tribunal civil hizo el envío ayer martes 23 de febrero una notificación a la Fiscalía General de El Salvador para que en un término de 20 días, se haga la presentación de la acusación formal contra el expresidente Mauricio Funes y su hijo tras el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
La Corte Suprema de Justicia envió la orden el 9 de febrero al tribunal de lo civil que comenzara con el juicio contra el exmandatario que gobernó el país de 2009 a 2014, que se estarán congelando sus cuentas bancarias y que se dará el permiso para la transferencia a terceros de ocho vehículos automotores de su propiedad y otros a nombre de su hijo Diego Roberto Funes Cañas. El tribunal —la Cámara Segunda de lo Civil— a su vez liberó oficio al Registro Público de automotores a fin de que en un plazo de 10 días hábiles se conozca si realizó el registro preventivo de los vehículos propiedad de padre e hijo que ordena la Corte Suprema.
Además se le solicitado a cuatro bancos que detallan si, como lo ordenó el máximo tribunal, ya se han congelado las cuentas bancarias del ex gobernante. Tras conocer el informe de la Sección de Probidad, la Corte Suprema en pleno señaló que “existen indicios de enriquecimiento ilícito del expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena, en relación con las declaraciones patrimoniales”.
Los 15 magistrados de la Corte Suprema supieron el informe de la Sección de Probidad en el que se determinó que el exmandatario no pudo justificar gastos por más de 728 mil dólares. Nueve de los 15 confirmaron la decisión de enjuiciarlo. En la resolución, la Corte que, según el resultado de la investigación, haciendo la comparación de sus ingresos y deudas, Funes “no podría tener la posibilidad de ahorrar durante su período de gestión. Sin embargo los saldos reflejados al 31 de mayo de 2014 en sus cuentas bancarias suman un total de 150,323.31 dólares, los cuales no se justifican con los ingresos reportados por el ministerio de Hacienda”.
El informe la Corte detalla que “se desconoce, en total, el origen de 194,924.00 dólares utilizados para pagar tanto deudas declaradas como no declaradas”. El estatal Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) detalló que, como lo había ordenado la Corte Suprema, les envió las auditorías hechas a los expresidente Funes y Tony Saca (2004-2009) y que muestran irregularidades. Al revisar las auditorías, Jaime Campos, comisionado de ese Instituto, afirmó que Funes no pudo disipar los encuentros de irregularidades en su declaración patrimonial.
“Diferencia negativa entre sus ingresos y gastos, es decir que gastaba más de los que generaba en conceptos de ingresos”, afirmó. “No se ha encontrado justificación por parte del señor Funes Cartagena, por lo tanto existen suficientes indicios que presumen enriquecimiento ilícito por parte del expresidente de la República”, señaló.
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