El mandatario Salvador Sánchez Cerén, hace sus cálculos para tomar esta medida.
Foto El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, se encuentra analizando si sacar a todo el Ejército y hacer un llamado a los reservistas para realizar una medida “extrema” para controlar la escalada de violencia que ha aumentado el doble en cifra de asesinatos respecto a 2015, informó ayer el portavoz del Gobierno, Eugenio Chicas.
“El presidente está valorando de qué manera y con qué recursos se pueda, si se necesita, desplegar a todo el Ejército” y “eventualmente el Gobierno podría decidir (…) llamar a la reserva nacional”, dijo Chicas durante una entrevista en el canal estatal.
El funcionario manifestó que Estas medidas tendrán un costo de al menos 900 millones de dólares en bonos, cuya emisión tiene congelada la Sala de lo Constitucional desde junio de 2015 por posibles “vicios de forma y contenido” durante su proceso de aprobación en el Parlamento
El pasado lunes, Sánchez Cerén hizo una convocatoria a los presidentes del Parlamento y de la Corte Suprema de Justicia para estudiar “medidas extraordinarias” de seguridad, como el estado de sitio.
El hecho que propició la convocatoria fue la masacre de 11 trabajadores perpetrada por la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) el 3 de marzo en una zona rural de la localidad de San Juan Opico (noroeste), y que se gestó desde 2 cárceles.
La presidenta del Congreso, Lorena Peña, indicó recientemente “la implementación de estados de sitio está justificada”, pero hizo la advertencia que esta medida también conlleva la suspensión de garantías constitucionales como el de libre reunión y movilización.
La Constitución salvadoreña señala que “en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público, podrán suspenderse las garantías” y que “tal suspensión podrá afectar la totalidad o parte del territorio de la República”.
El artículo 29 indica que la implementación del estado de sitio “se hará por medio de decreto del órgano Legislativo o del órgano Ejecutivo”, mientras que el número 30 añade que este no puede ir arriba de los 30 días.
La Seguridad salvadoreña lanza acusaciones a las “violentas” pandillas de provocar el aumento de violencia que vive El Salvador en 2016, que se ha llevado la vida de 1,537 personas hasta el 6 de marzo, un 113.5 % más que en 2015, cuando se totalizaron 720 muertes violentas en este período.
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