Activista indígena y defensora del medio ambiente y los derechos humanos fue asesinada a pesar de existir medidas de protección a su favor.
Foto Berta Cáceres, la reconocida ambientalista y defensora del pueblo indígena Lenca en Honduras, fue asesinada por personas armadas el 3 de marzo en su casa ubicada en La Esperanza, capital del occidental departamento de Intibucá. Fue enterrada dos días después en medio de una multitudinaria concentración donde se gritaron consignas como “Berta vive, la lucha sigue y sigue”.
Cáceres era coordinadora general del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), además de defensora del medio ambiente y los derechos humanos. El año pasado recibió el prestigioso premio ambiental Goldman “por su valiente trabajo en defensa del río Gualcarque, su medio ambiente y su población, de la represa Agua Zarca”.
En el 2010 el gobierno aprobó la construcción —por parte de la empresa hondureña Desarrollos Energéticos SA (DESA)— del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, ubicado en el río Gualcarque, considerado sagrado por los indígenas lenca. La medida no respetó el derecho a la consulta previa, libre e informada, garantizada por el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Más de 150 asambleas indígenas manifestaron su rechazo a la construcción de la represa que de ejecutarse obligaría a las comunidades a desplazarse e impediría desarrollar sus actividades agrícolas.
Entre el 2013 y el 2014, las comunidades indígenas llevaron a cabo una toma indefinida de carreteras para impedir el ingreso de las maquinarias. Durante esa etapa se endureció el hostigamiento policial y militar, así como de guardias privados contratados por la empresa. Según Global Witness, tres líderes lenca fueron asesinados durante las ocupaciones.
Aunque actualmente la construcción de la hidroeléctrica está paralizada, el COPINH ha denunciado las intenciones de DESA de nuevamente echar a andar el proyecto sin consentimiento del pueblo lenca.
María Paulina Gómez, defensora del río Gualcarque, comentó a Noticias Aliadas que el 20 de febrero en una manifestación en la carretera que lleva al municipio San Francisco de Ojuera, en Intibucá, un grupo de policías, militares y el alcalde del lugar amenazaron a los asistentes. Cáceres hizo pública esa amenaza inmediatamente en las redes sociales.
“En la caminata pacífica que el COPINH está desarrollando en este momento, empleados de DESA Agua Zarca y la Alcaldía de San Francisco de Ojuera y del [gobernante] Partido Nacional están deteniendo y hostigando a más de 100 compañeros que son parte de esta caminata, esto en San Francisco de Ojuera, apoyados por ejército, guardias, sicarios, policía. Denunciamos al ingeniero Sergio Rodríguez de DESA así como al Alcalde Raúl Pineda y las hordas nacionalistas por amenazar la integridad física y emocional de nuestros compañeros”, denunció entonces Cáceres.
Según Gómez, hombres armados, el alcalde y el vicealcalde acompañaban a ejecutivos de DESA.
“Le dijeron a Bertita que en cualquier momento la iban a matar. Ahora lo que pasará es que nos van a acabar a todas nosotras, las defensoras del río, pero no tenemos miedo, a las balas no le tenemos miedo”, dijo.
Anticipó su muerte
Un día antes de su asesinato Cáceres estuvo en un taller sobre energía renovable en La Esperanza con defensores y defensoras del río Gualcarque. Gómez señala que Cáceres dijo a los participantes que siguieran su lucha sin ella, porque en cualquier momento podía ser asesinada.
El 29 de febrero, cuando Cáceres estaba en el aeropuerto con su exesposo Salvador Zúniga dejando a una de sus hijas que iba de viaje, ella le advirtió sobre las amenazas de que era objeto.
“Cuando estábamos en el aeropuerto, Berta me expresó que ya tenía listo el testamento y que por cualquier cosa me lo decía. Yo le dije que eso no era importante, que lo importante era que cuidara su vida”, contó a Noticias Aliadas Zúniga, quien es coordinador del Consejo Indígena Popular de Honduras (CINPH).
“Aquí en el país, a cualquiera lo suenan [lo matan] en cualquier momento porque es un país violento, me dijo ella. Berta se enfrentó a la muerte en todo momento. Su consecuencia, su rebeldía, la llevó a que ofreciera su sangre por este pueblo. Por eso debemos seguir la lucha”, agregó a Zúñiga.
El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández calificó el asesinato de la líder indígena como “un duro golpe para Honduras” y se comprometió a esclarecerlo. Aunque Cáceres contaba con medidas de protección, la Policía no estuvo cerca para evitar el asesinato. El ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco dijo en conferencia de prensa que Berta había renunciado a las medidas de protección al no notificar su cambio de domicilio a las autoridades.
Las tres hijas e hijo de Cáceres exigieron que una misión internacional nombrada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya había otorgado medidas cautelares de protección a su madre desde el 2009 después del golpe de Estado en Honduras al cual ella se opuso, se encargara de la investigación. Expresaron que no confían en las acciones del gobierno.
“No se puede distorsionar la verdad acerca del crimen que terminó con su vida. Sabemos con certera claridad que los motivos de su vil asesinato fueron su resistencia y lucha en contra de la explotación de los bienes comunes de la naturaleza y en defensa del pueblo Lenca. Su asesinato es un intento de acabar con la lucha del pueblo Lenca en contra de toda forma de explotación y despojo. Un intento por cortar la construcción de un nuevo mundo”, señalaron en un comunicado Olivia, Berta, Laura y Salvador Zúñiga Cáceres antes del entierro de su madre.
Asimismo, responsabilizaron al gobierno y a DESA por cualquier atentado contra sus vidas y la de su familia, a la vez que alertaron que las comunidades quedan desprotegidas y expuestas a que asesinen a sus líderes en cualquier momento.
Medidas cautelares
Por su parte, la Plataforma de Movimientos Sociales y Populares de Honduras (PMSPH) y la Coalición Contra la Impunidad (CI) expresaron en un comunicado su preocupación de que en las primeras 24 horas del asesinato de Cáceres, el principal énfasis de las investigaciones desarrolladas por distintas unidades del gobierno, hayan dado prioridad a hipótesis no relacionadas con las amenazas a las que estaba expuesta y tanto el COPINH como la misma Cáceres habían denunciado en reiteradas ocasiones.
“El gobierno y Estado de Honduras, antes de presentar cualquier resultado sobre las causas y autores del crimen contra Berta Cáceres, tiene el deber de responder si la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) concesionaria del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, varias instituciones bancarias financiadoras de estos proyectos, varias Corporaciones Municipales de municipios Lencas, especialmente la de San Francisco de Ojuera, policías, militares y varias otras empresas quienes habían vertido amenazas de acabar con la vida de Berta y otros liderazgos de la zona, participaron de este repudiable crimen”, expresa el comunicado.
La CIDH repudió el asesinato de Cáceres, beneficiaria de medidas cautelares y que “en repetidas ocasiones había denunciado de forma pública la situación de grave riesgo y hostigamiento en la que se encontraba”. Asimismo, llamó la atención del gobierno hondureño por las falencias en la implementación de las medidas de protección a su favor.
“El Estado hondureño tiene la obligación de investigar este lamentable asesinato de manera seria, pronta y eficiente, e incluir líneas de investigación donde se analice como hipótesis que este crimen haya tenido como móvil su actividad como defensora de derechos humanos”, indicó la CIDH. “Además de establecer la verdad sobre lo ocurrido, esta investigación debe establecer responsabilidades y sancionar a los autores materiales e intelectuales. Este crimen no debe quedar en la impunidad”.
Igualmente, la CIDH otorgó medidas cautelares a los familiares de Cáceres, a integrantes del COPINH y a Gustavo Castro, ambientalista mexicano y único testigo del crimen, quien resultó herido en el ataque y está prohibido de salir del país. Castro ha sido catalogado como “testigo protegido” por la Fiscalía.
La CIDH solicitó al Estado adoptar “las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de personal de los miembros de COPINH, los familiares de Berta Cáceres y Gustavo Castro”.
Asimismo, la CIDH invocó a las autoridades a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de Castro “durante todo el proceso para preparar y completar su salida; que adopte las medidas necesarias para que los miembros del COPINH puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia, amenazas y hostigamientos; que concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares y así evitar su repetición”.
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