Si bien hubo grandes titulares de medios progobierno celebrando el acuerdo con los indígenas, hay otro grupo que se considera mayor y que no reconocerá los arreglos alcanzados. En la foto los representantes indígenas Rama y Kriol, durante una visita hecha a la Asamblea Nacional hace bastante.
Foto A pesar de los acuerdos logrados entre las comunidades del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K) para arrendar 263 km cuadrados de tierra al gobierno de Nicaragua para el paso del Canal Interoceánico, hubo denuncias ayer mismo, pues la otra parte de los indígenas denunciaron que no se realizaron las consultas correspondientes.
“Es ilegal porque no se ha desarrollado un proceso de consulta de conformidad con los estándares mininos de buena fe y requeridos por la normativa nacional e internacional”, indicó un comunicado presentado por miembros del GTR-K, criticando que dicho acuerdo fue firmado por ciertos líderes del GTR-K y la Comisión de Desarrollo del Gran Canal.
Becky McCray, coordinadora de justicia comunitaria dentro del GTRK, dijo que “el gobierno actual ha estado haciendo divisiones en el gobierno territorial y gobiernos paralelos al legítimo. Han dividido para que pueda avanzar su proyecto y conseguir con algunos líderes el aval, porque consentimiento no hay de parte de las comunidades, tampoco ha habido una consulta de acuerdo a los procedimientos legales establecidos a nivel nacional e internacional. Se han violentado desde los estatutos comunales hasta la constitución política”.
McCray fue la representante de la comunidad Rama en la audiencia hecha en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo de 2015, donde diversos movimientos sociales se quejaron que hay violaciones ejercidas por el Estado para promover la ejecución del Gran Canal.
De acuerdo a medios progobierno, el acuerdo de consentimiento incluye un contrato de arriendo de las tierras indígenas para la realización del Gran Canal, y que es el total de dos años y medio de consultas realizadas en las nueve comunidades del GTR-K.
Por su parte dirigentes de las comunidades de Monkey Point, Wiringkay y Bangkukuk Taik, las que serían las del mayor impacto, desde enero de 2014 denuncian la falta de un proceso de consulta, según los estándares nacionales e internacionales que se exigen para estos casos.
Rupert Allen Claire Duncan, presidente del gobierno comunal de Monkey Point y miembro del GTR-K, indicó que el acuerdo firmado ayer, no es apoyado por todos los miembros del GTRK, sino solo por ciertos, por lo que “nosotros no reconocemos ningún documento que haya sido firmado sin habernos tomado en cuenta”.
“Durante una sesión del GTR-K realizada hace dos semanas, este, por mayoría, decidió que no firmarían ningún documento por la falta de asesoría legal en todo el proceso así como por no haber contado con un observador internacional, como lo ordenó la Asamblea Territorial del Territorio Rama y Kriol en diciembre de 2013”, afirma parte del comunicado que fue emitido ayer por el GTR-K.
El GTR-K tiene 18 miembros, dos de cada comunidad, “sin embargo, algunos de los miembros de las comunidades indígenas y afrodescendientes que llevó el gobierno a Managua no son miembros del GTR-K; y algunos miembros del GTR-K denuncian que no fueron ni siquiera informado del viaje, y menos de la firma del documento que ahora publica la prensa oficialista”, detalla el comunicado.
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