Un dilema es un problema que puede resolverse mediante dos soluciones, ninguna de las cuales es completamente aceptable. El dilema del Grupo de los Veinte (G-20) es pretender reducir a la mitad el déficit presupuestal para el año 2013, sin paralizar el crecimiento, y tomando medidas drásticas ante el comportamiento riesgoso de la banca, sin ahogar los préstamos.

El G20 es integrado por el Grupo de los Siete: (Alemania, Canadá, EU, Francia, Italia, Japón y Reino Unido); Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Corea del Sur, China, India, Indonesia, México, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea (UE). Colectivamente representa cerca del 90% del PIB mundial, el 80% del comercio global y dos tercios de la población del planeta.

La cuarta cumbre de líderes de países ricos y emergentes, que culminó en Toronto (Canadá), estaba llamada a dar respuestas, pero fue pletórica de dudas. Y, esta vez, casi todas iniciaron y finalizaron en Europa. La incorporación de los países emergentes al puesto de mando mundial, y sobre todo, del gigante asiático, trastoca la marcha de las grandes cumbres, antaño cocinadas a fuego lento desde ambos lados del Atlántico.

La recuperación de la economía mundial es “frágil” y “desigual”, el paro “se mantiene en niveles inaceptables en varios países”, pero ya no habrá más estímulos fiscales para reactivar la economía. El recorte del déficit público se ha impuesto como prioridad, primero en Europa, y ahora en todos los países industrializados. Así lo consagra el informe final del G-20, en su Cuarta Cumbre. Con todo, se trata de una posición conjunta que engloba diferentes enfoques, en consecuencia la reducción del déficit se hará en función de las circunstancias de cada país.
En principio, en este G-20 se decidiría la instauración (aunque no en todos los países) de una tasa a las actividades financieras (FAT, en sus siglas inglesas) y una tasa a las transacciones financieras (FTT, por sus siglas en inglés); mecanismos que ha diseñado el Fondo Monetario Internacional (FMI), a instancias del propio G-20. Empero: Alemania, Francia y Gran Bretaña acordaron crear un impuesto que gravaría a los bancos, iniciativa que, esperaban fuera respaldada por el G-20 en la cumbre.

Uno de los temas en los que sí hay coincidencia, es en limitar las excesivas bonificaciones de los banqueros, tal y como acordaron en la cumbre de Pittsburgh (celebrada en septiembre del año pasado en EU), y en la que los líderes se comprometieron a abordar reformas homogéneas, conscientes de que los mercados no tienen fronteras. Nueve meses después, y con los mercados recuperados, los compromisos parecen haber quedado en el olvido.

No obstante, los países emergentes y Canadá se opusieron a adoptar una tasa general para pagar los costos de los rescates financieros ante quiebras, con el argumento de que sus bancos no quebraron ni contribuyeron al pánico de la grave crisis del 2008, que amenazó con colapsar el sistema financiero mundial, por lo tanto deben estar exentos de pagar un rescate y no deben ser castigados. El comunicado final del G-20 salvó las diferencias y dejó a cada país libre para adoptar sus propias medidas, siempre que protejan al contribuyente y no contraigan el crédito.
Pero hay que recordar que está vinculada a dos objetivos principales: la recuperación del crecimiento y el empleo. Hacer todo esto en forma coordinada entre los actores económicos más importantes del mundo, despejando cualquier amenaza de proteccionismo, fue la condición mínima que se puso sobre la mesa en la primera reunión de esa instancia.

En Toronto los resultados no fueron muy alentadores. No vislumbro por ningún lado la coordinación urgente de las políticas económicas de los veinte (ni siquiera la de los ocho países más desarrollados del G-8). Sin embargo, este es el problema más acuciante que ha planteado la crisis. Las políticas de ajuste del gasto han sido necesarias, pero deben modularse de forma que no todos los países contraigan sus inversiones y presupuestos al mismo tiempo.

La crisis financiera y económica a nivel mundial, tuvo su origen en la política dinero fácil para el consumo, las empresas y expansión de la deuda pública. A partir de la década de los ochenta del Siglo XX, Estados Unidos, Europa y Japón, invirtieron en ese sistema no destinado a la producción. En los últimos años se imprimieron más billetes de lo que el Producto Interno Bruto Mundial pudo absorber. La implosión del sistema era cuestión de tiempo: los consumidores dejaron de tener capacidad para pagar sus deudas, lo mismo que las empresas y los Estados.

Los acuerdos de la Cumbre profundizan las políticas hasta ahora adoptadas por sus integrantes para hacer frente a la situación. La declaración final mantiene el compromiso del G-20 con las bases del modelo de globalización neoliberal y sus instituciones. Se reafirma la necesidad de seguir impulsando la liberalización del comercio mundial, las inversiones en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de evitar medidas que limiten la circulación de capitales.

A la postre, en el terreno del sistema financiero, los acuerdos que fueron anunciados están lejos de suponer cambios estructurales, a pesar del anuncio de más regulaciones y de control tendientes a evitar los desmanes recientes. Los rescates a entidades financieras continuarán como hasta ahora.

La retórica y la presión contra los paraísos fiscales se endurecieron, sin anuncio de medidas concretas orientadas a su desaparición efectiva. Tampoco hubo propuestas claras relativas a la regulación de los salarios de los directivos de las grandes empresas. Más allá de algunas previsiones que pudieran paliar la indignación popular ante situaciones escandalosas, lo cierto es que no se vislumbró ningún cambio sustancial de la dinámica que ha comportado la explosión por arriba de las remuneraciones de los altos cargos y el aumento espectacular del diferencial entre sus salarios y los de los trabajadores medios.

Los bancos, origen de la mayor crisis económica y financiera, vuelven a acumular beneficios, si es que alguna vez dejaron de tenerlos. Las compensaciones multimillonarias a los ejecutivos del sector financiero apenas se resienten. Los Gobiernos aplican severos ajustes y promueven reformas impopulares. Los paraísos fiscales siguen captando miles de millones de dólares. Los especuladores hacen su agosto con la deuda pública, desorbitada por los rescates financieros y las consecuencias de la crisis. El paro crece en todas las economías avanzadas. Las miradas, cada vez más escépticas, se vuelven o tornan al G-20, el foro que se refundó en otoño de 2008 para lidiar con la recesión y acabar con una era de irresponsabilidad.

En resumen, el sentido de las políticas de los principales gobiernos del mundo es claro: hacer pagar el coste de la crisis a los sectores populares e intentar apuntalar el modelo actual con tímidas reformas que aseguren su viabilidad, tales son, al parecer, las más ostensibles resultas y enmascarados objetivos propuestos de la Cuarta Cumbre del G-20.