La Declaración cuya meta era “Salud para todos en el año 2000”, sigue esperando. En todo el mundo fue reconocido el “derecho a la salud para todos”, dando pase al progreso de llevar a la creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948. Sin embargo, sesenta y dos años después, de los renovados compromisos de los 194 países de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Almá-Atá (capital Kazajstán, antigua URSS) en 1978, no se ha cumplido.

La salud es un derecho humano fundamental. A pesar de los avances terapéuticos y de las repetidas reformas, las desigualdades en la atención médica siguen a la orden del día, tanto entre los países como en el interior de cada nación. Inciden numerosos factores: medio ambiente, alimentación y trabajo, entre otros. Pero, los sistemas de salud y los modos de financiamiento también generan consecuencias.

Aunque algunos gobiernos están descubriendo las virtudes del sistema público, el sector privado no deja de desplegar sus tentáculos. Los laboratorios, los médicos que recetan medicinas de patentes, los falsos diagnósticos, los procedimientos innecesarios que sobrecargan la cuenta médica; todo esto es una mafia increíble. Enfrentarlos ha costado enormes recursos y aún continúan con sus amenazas.

De América a Asia, de África y Oceanía a Europa, no hay país que escape a los fuertes vientos de reforma sobre los sistemas de salud. En principio, parecería haber mil razones para alegrarse por ello. A juzgar por las necesidades sin atender y las pandemias aún activas, el status quo resulta insostenible. Han vuelto a reaparecer algunas infecciones (como la tuberculosis) que ya había desaparecido de los países desarrollados. No obstante, el diagnóstico fundamental, según la riqueza del país y el nivel de los gastos sanitarios son determinantes para el alargamiento de la vida que sigue siendo pertinente.

Los treinta países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que tienen la mayor longevidad, concentran el 90% de los gastos mundiales en salud, pero apenas abarcan el 20% de la población. El África subsahariana, con el 12% de la población mundial, representa menos del 1% de dichos gastos. Como ven, los milagros no existen. Los recursos dedicados a la salud llegan al 3,5% del PIB en Sierra Leona y al 2,1% en el Congo, mientras que superan el 8% en Japón y el 11% en Francia.

Según advierte la OMS en su informe de 2008, “las políticas de ajuste estructural (negociadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial) hicieron tambalear seriamente el sistema de salud pública; la brecha entre la oferta de atención privada y pública se profundizó”. Allí se ve que la penuria siempre va de la mano de la corrupción.

La ayuda internacional (sin duda indispensable) brindada por la OMS, Unicef, programas de la ONU, acuerdos bilaterales y grandes fundaciones, se presenta tan dependiente de estos múltiples agentes que a veces es difícil establecer la menor coherencia en su implementación. Las reformas, cuando existen, se limitan a la construcción o la renovación de centros de primeros auxilios o de hospitales.

La idea de protección social hizo su aparición en el siglo XIX, con la generalización de la revolución industrial y el nacimiento de las grandes concentraciones obreras. Mediante las sociedades de socorro mutuo primero, y su extensión a sistemas de seguridad social después (el primero de ellos fue creado por el canciller alemán Otto von Bismarck en 1883), los dirigentes políticos y económicos tenían como objetivo garantizar una mano de obra que gozara de buena salud, capaz de resistir a unas condiciones de trabajo agotadoras. Con el tiempo, se vieron obligados a ello en la medida en que se fueron librando las luchas sociales por una mejora en las condiciones de vida.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), actualmente más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. En América Latina y el Caribe el porcentaje es aún mayor, más de 3 de cada 4 personas viven en zonas urbanas, lo que significa que es la región más urbanizada del mundo. La mayor parte de las personas se trasladan a la ciudad buscando mejorar su vida, sin embargo, la urbanización, especialmente cuando es rápida y no planificada, puede tener efectos negativos sobre la salud y el bienestar humano.

Los pobres, presentan un riesgo mayor de sufrir más todos estos problemas, sin embargo, las ciudades son lugares de oportunidad en lo que abundan los recursos humanos, culturales, sociales, económicos e institucionales.

Los Estados tendrán que asumir la tarea de hacer un llamado a todos, a las personas, a los responsables de las políticas y a las organizaciones de la sociedad civil a que se unan y participen para brindar apoyo a las políticas y medidas que promueven y protegen la salud de las personas en las ciudades. Como dice la OMS: “El logro más alto posible de salud es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo, cuya realización exige la intervención de muchos sectores sociales y económicos”.

Tanto en Nicaragua como en el extranjero, las muertes por enfermedades previsibles son más comunes donde hay poca información y pobreza. Modificar el panorama, requiere la solidaridad y la obligación tanto del Estado como de quienes tienen y manejan el poder económico. ¿Al fin tendremos salud para todos en el año 2020?